La ofensiva del Gobierno nacional contra la conducción del fútbol argentino sumó un capítulo judicial clave.

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante aceptó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como parte querellante en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta apropiación indebida de más de 19.000 millones de pesos.

La decisión, tomada el viernes pasado, habilita a los abogados de la ex AFIP a tener acceso total al expediente, solicitar medidas de prueba y apelar resoluciones, convirtiéndose en un acusador privado directo contra la administración de Claudio “Chiqui” Tapia.

Para comprender la magnitud del caso, es necesario desglosar cómo se gestó el expediente y su avance.

La causa nació de una denuncia presentada por la propia ARCA el pasado 12 de diciembre. En esa presentación, el ente recaudador alertó a la Justicia que la AFA estaba reteniendo dinero de los clubes pero no lo giraba al Estado.

Recibida la denuncia, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial requirió formalmente la apertura de la investigación e imputó a la cúpula de la AFA por el delito de evasión agravada.

Ante la gravedad de los hechos y el peligro en la demora de la recolección de pruebas, el juez Amarante tomó la decisión de habilitar la feria judicial de enero.

Esta medida implica levantar el receso de verano para que el juzgado siga operativo y tramite la causa con urgencia, permitiendo que se libren oficios y se tomen decisiones como la aceptación de la querella, que de otro modo hubieran esperado a febrero.

Según el documento oficial presentado por los abogados de ARCA, Vanina Mariel Vidal y Matías Alejo Gentile Brezigar, el perjuicio fiscal denunciado asciende a la suma exacta de $19.353.546.843,85.

El organismo detectó irregularidades en el ingreso de IVA, Impuesto a las Ganancias y Contribuciones a la Seguridad Social en un período que abarca desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.