La Libertad Avanza, junto a bloques aliados, formalizó el pedido de sesión especial para tratar el miércoles 11 de febrero la reforma laboral en el Senado, en medio de negociaciones para superar las diferencias que se mantienen sobre el sistema indemnizatorio y el paquete impositivo.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, había anticipado que solicitarían la sesión para la próxima semana, pero este miércoles se presentó formalmente el pedido con la firma de la mayoría de los bloques que conforman el grupo de “Los 44”

Uno de los puntos centrales de la solicitud es la decisión del oficialismo de no incluir la reforma de la ley de Glaciares, ya que las negociaciones entre La Libertad Avanza y otros bloques aún no están cerradas. Por ese motivo, su tratamiento se demorará hasta la última semana de febrero.

El pedido para sesionar el miércoles 11 fue impulsado por Bullrich junto a los presidentes de distintos bloques aliados: Eduardo Vischi (UCR), Carlos Arce (Frente de la Concordia Social), Martín Göerling (PRO), Luis Juez (Frente Cívico), Julieta Corroza (Neuquinidad), Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas), Edith Terenzi (Defendamos Chubut) y Beatriz Ávila (Independencia).

A lo largo de varias jornadas, la titular del bloque oficialista mantuvo reuniones por separado con distintos senadores para sumar más voluntades en torno a la reforma laboral.

El Gobierno necesita el respaldo de los bloques aliados para alcanzar el número necesario en la Cámara Alta. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y requiere sumar los tres del PRO, los diez radicales y el acompañamiento de los bloques provinciales para alcanzar al menos 37 votos, tanto para abrir la sesión como para aprobar la ley en general y en particular.

Los gobernadores piden una compensación por la rebaja de Ganancias que deben pagar las empresas del 35 al 31,4% por ciento de los impuestos internos, y por el impacto que podría tener el nuevo sistema de inversiones que contempla disminución del IVA y Ganancias, que repercutirá en las provincias en el 2027, en un año donde muchos se juegan su puesto en las elecciones locales.

El Gobierno considera que ese punto es clave para que las empresas acepten incorporar personal registrado y disminuir el trabajo en negro que desde hace décadas supera el 40% del empleo, por lo cual aún no se vislumbra cual será la fórmula que puede permitir un acuerdo con los mandatarios aliados.