El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario sobre las empresas que habrían pagado el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este.

La empresa apuntada es IMHOUSE S.A, propiedad de Marcelo Gandio y se busca descifrar si existe un vínculo con Adorni.

El juez ahora podrá acceder a los movimientos bancarios de la empresa y podrá determinar si tenía la capacidad para pagar los costos del viaje.

Entre las medidas, Lijo solicitó información sobre la productora Imhouse SA, vinculada al periodista Marcelo Grandío, quien reconoció haber alojado al funcionario en Uruguay.

También pidió levantar el secreto fiscal del piloto Agustín Issin Hansen, señalado como el comprador de un paquete de vuelos privados.

El traslado se realizó en una aeronave de la empresa Alpha Centauri S.A.. Según la documentación bajo análisis, el tramo de ida tuvo un costo de 4.830 dólares, mientras que el paquete que incluye el regreso asciende a 42.250 dólares.

Además, el juez requirió a organismos que operan en el aeropuerto de San Fernando que remitan toda la documentación vinculada al caso, incluidos registros de cámaras de seguridad, con el objetivo de reconstruir los movimientos del viaje.

En paralelo, solicitó a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, que informe si existe algún expediente, autorización, comisión de servicio o registro de gastos oficiales relacionados con el traslado o la estadía de Adorni.

Aunque el funcionario en declaraciones televisivas ya aclaró que se trató de un viaje personal.

La investigación también apunta a determinar posibles incompatibilidades. Lijo pidió informes detallados a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre la situación fiscal, económica y financiera de Imhouse desde 2023, así como sus vínculos comerciales, especialmente aquellos que puedan involucrar a la TV Pública, a Grandío, a Adorni y a su esposa, Bettina Julieta Angeletti.

En la misma línea, ordenó al Banco Santander que remita información completa sobre las cuentas y movimientos bancarios de la firma, incluyendo transferencias, pagos y cualquier operación que pudiera estar relacionada con los involucrados.

Asimismo, requirió a la Unidad de Información Financiera (UIF) datos sobre eventuales reportes de operaciones sospechosas vinculadas a la productora, Grandío y Issin Hansen.