La Justicia toma esta semana una serie de testimoniales que pueden marcar un punto de inflexión en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Hoy, poco antes de las 9, dos mujeres que figuran como acreedoras en operaciones vinculadas a la compra de inmuebles del funcionario se presentaron en los tribunales de Comodoro Py y explicaron de dónde salió la plata que utilizaron para realizar el préstamo.

A la par, explicaron que el dinero surgió de juicios laborales del marido de la mayor d elas mujeres, diferencias salariales y juicios sucesorios.

A causa de ello, explicaron, hoy Adorni paga en cuotas de más de 900 dolares por mes, lo que deriva en un 11% anual de intereses. En alguna que otra ocasión, insistieron, Adorni pagó dos o tres cuotas juntas.

Durante las declaraciones, las mujeres mostraron sus teléfonos y las conversaciones con la escribana.

Además, llevaron los recibos de las cuotas y aclararon que el propio funcionario o alguno de sus colaboradores dejan habitualmente el dinero en la escribanía y ellas lo buscan de allí.

El acuerdo entre las mujeres y el jefe de Gabinete, que ya pagó US$30 mil, vence en noviembre de este año y Adorni tiene un pago de US$70 mil por delante.

La fiscalía busca reconstruir el origen de esos fondos y verificar si las operaciones se corresponden con la capacidad económica declarada.

Las declaraciones se dieron en un contexto de avance de medidas de prueba, con levantamiento de secreto fiscal y pedidos de información patrimonial. El foco está puesto en la trazabilidad del dinero y en la lógica financiera de los acuerdos.

En paralelo, el expediente ya incorporó gastos en dólares, operaciones inmobiliarias y movimientos que la Justicia intenta contrastar con los ingresos declarados por Adorni.

Las dos mujeres que declararon hoy aparecen como prestamistas de un crédito en dólares otorgado al funcionario. Según consta en la causa, el monto fue de US$100.000 y estuvo respaldado con una hipoteca sobre un departamento en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

La fiscalía analiza si ese préstamo, que habría sido pactado con una tasa de interés y un esquema de pagos, se corresponde con la situación patrimonial de quienes lo otorgaron. Para eso, se ordenó el levantamiento del secreto fiscal y se requirió información a organismos oficiales.