La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la captura del exmandatario Evo Morales, acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado por su presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La orden, dictada por el fiscal Brayan Melgar, también atribuye a Morales los delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

La reacción de Morales fue inmediata. “No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos”, dijo.

Durante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines aMorales, para exigir la renuncia del presidente Paz como “única demanda”.

Los bloqueos provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, dejaron al menos 16 muertos, 13 de ellos por la falta de atención médica oportuna debido a los cortes de vías, y ocasionaron pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares.

La denuncia fue presentada a principios de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia, a la que posteriormente se sumó el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

La acción legal también incluye al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y el principal líder de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, quien permanece en detención preventiva desde el 6 de julio por otra investigación relacionada con estos mismos hechos.