uis Caputo volvió a subir al atril del Palacio de Hacienda para dar su quinta conferencia de prensa en el último mes y medio.

Esta vez, el ministro de Economía anunció una medida para reactivar el crédito hipotecario, que en los últimos meses había perdido impulso por el descalce de plazos que enfrentan los bancos: captan depósitos a plazo fijo a 30 días en promedio, pero deben prestar a 20 o 25 años.

En el sector inmobiliario calculan que por cada crédito hipotecario que se otorga se movilizan otras cuatro operaciones de compraventa, un efecto de arrastre que el Gobierno busca aprovechar en momentos en que la actividad de la construcción viene rezagada (está 25% abajo de el pico de actividad de 2023).

Caputo enumeró tres razones por las que, dijo, los créditos hipotecarios son una prioridad para la gestión: “hace a la justicia social”, porque permite que una persona con trabajo acceda a una vivienda sin esperar treinta años para juntar el ahorro; tiene un efecto multiplicador en la economía, ya que quien accede a una vivienda nueva también compra bienes como una cama o un sillón, y contribuye a la formalización laboral, en un contexto en el que cerca de la mitad de los trabajadores está en la informalidad.

Según el ministro, buena parte de esos trabajadores destina al no pago de impuestos lo que perciben como un ahorro, mientras que el alquiler que hoy pagan podría convertirse, con acceso al crédito, en la cuota de una vivienda propia.

Para resolver el desajuste de plazos, el Gobierno recurrirá al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.

A través de licitaciones, el fondo colocará plazos fijos extendidos, a un año y hasta cinco años, que les darán a los bancos el fondeo de largo plazo que hoy no consiguen en el mercado. El monto del programa es de $2 billones (US$1320 millones).



Las licitaciones tendrán una tasa mínima requerida de UVA más 2,5% para los depósitos a un año, y de UVA más 4,5% para los de cinco años; los bancos podrán ofrecer tasas más altas si les interesa ese plazo en particular.

A la vez, el FGS exigirá que las entidades no presten ese dinero a los tomadores de crédito a una tasa superior a UVA más 7,5%, aunque sí podrán hacerlo a tasas más bajas.

El monto máximo de crédito habilitado equivale a US$200.000, muy por encima del promedio actual, de unos US$80.000. Con los $2 billones licitados, en el Gobierno estiman que se podrían financiar soluciones habitacionales para entre 17.000 y 18.000 familias.

La medida se suma a la habilitación, anunciada dos semanas atrás, para que los bancos presten en dólares a personas jurídicas hasta el 15% de sus depósitos, bajo normas macroprudenciales del Banco Central.

El ministro vinculó ese combo con la construcción, a la que sumó la referencia de las licitaciones de los corredores viales, con 9000 kilómetros en obra para octubre y entre 6000 y 12.000 kilómetros adicionales que se adjudicarán próximamente.