La Sala I de la Cámara de Apelación Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó este martes el habeas corpus que suspendía la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

Se trata del fallo que dictó la titular del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N.° 2 de ese departamento judicial, Marta Pascual, quien consideraba que no estaban dadas las condiciones para implementar la baja de la edad de la imputabilidad de los 16 a los 14 años en el territorio bonaerense.

Según sostiene el escrito los jueces Miguel Carlos Navascues y Miguel María Alberdi dieron lugar a la apelación presentada por el fiscal Hernán Ceruti y consideraron "inadmisible" la suspensión de la ley 27.801 durante 60 días mediante una ley cautelar.

"El fundamento central de su decisión fue la protección de los derechos fundamentales de los adolescentes privados de la libertad en el ámbito de esta Provincia, ante la falta de condiciones materiales e institucionales adecuadas para la implementación de la citada ley", explica el fallo al referirse a los argumentos brindados por Pascual y la Asociación Civil "No seas pavote" integrante de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.

El fiscal, por su parte, consignó que el habeas corpus "exige la existencia de una amenaza concreta a la libertad ambulatoria o a las condiciones en que ésta habrá de ejercerse, y no puede sustentarse exclusivamente en una eventualidad futura cuya ocurrencia no ha sido demostrada".

Agregó que tampoco se identificó a un joven detenido por la aplicación de la normativa, una determinación policial, administrativa, judicial o penitenciaria que haya limitado de manera ilegal su libertad ni una situación específica de alojamiento agravada por la nueva legislación.

En su disposición la jueza argumentó que basó su decisión en que con el nuevo régimen podría aumentar en forma significativa el número de jóvenes detenidos y que la Provincia no disponía de la infraestructura ni de los recursos suficientes para afrontar ese incremento. Desde la Fiscalía hicieron hincapié en que esa conclusión se tomó sin datos concretos.

Pascual planteó preguntas como: el número de adolescentes que podrían ser privados de su libertad en dispositivos provinciales y la capacidad disponible. “La conclusión adoptada por la resolución transforma una posibilidad en una certeza”, indicó Ceruti.