Hay al menos 101 funcionarios o ex funcionarios imputados en alguna causa por presunta corrupción u otras irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Con notables excepciones, como los casos de Skanska y del dinero de Felisa Miceli, gran parte de esos expedientes lleva varios meses de investigación sin avances significativos. De hecho, no hay ningún funcionario procesado por casos de corrupción en las primeras líneas de la administración.

Los tres que atraviesan situaciones más complicadas ya no están en el Gobierno. Son la ex ministra Miceli, citada a declarar como sospechosa por la aparición de una bolsa con billetes en el que era su despacho, y los dos ex funcionarios interrogados en la causa por el pago de coimas de la constructora Skanska: Fulvio Madaro, del Enargas, y Néstor Ulloa, de Nación Fideicomisos.

La información surge de un relevamiento que hizo LA NACION en los juzgados y fiscalías federales porteños, en la Oficina Anticorrupción (OA) y en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Se tomó como imputados a todos aquellos que hubieran sido señalados como posibles responsables de un delito por un fiscal, por la OA o por la FIA, en causas que siguen abiertas. También a los funcionarios considerados como imputados por el juez que los investiga, según la información de los juzgados.

En el grupo de los 101 imputados sobresalen el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, con seis causas; el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido (cuatro), y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández (tres). El presidente Kirchner también figura como imputado en una causa. La dirige el juez Daniel Rafecas y trata del empleo de autos entregados por empresas según el sistema de comodato. "Es una práctica habitual que venía de otros gobiernos", detalló un funcionario que interviene en ese expediente.

También hay causas sobre los ministros Ginés González García (Salud), Aníbal Fernández (Interior), Nilda Garré (Defensa) y Alicia Kirchner (Desarrollo Social), más el ex canciller Rafael Bielsa.

El único funcionario de primera línea que sufrió un procesamiento fue el ex secretario de Agricultura Miguel Campos, hoy asesor en la Jefatura de Gabinete. Fue en una causa por irregularidades en la distribución de la cuota Hilton. La Cámara Federal le dictó la falta de mérito. Hasta hoy, sólo se conocen procesamientos de tres ex funcionarios con cargos inferiores en la AFIP y de uno de la Anses.

Al grupo de 101 funcionarios o ex funcionarios se suman 45 integrantes de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas de seguridad también imputados, entre los que se encuentran el brigadier Carlos Rodhe, ex jefe de la Fuerza Aérea, y Roberto Giacomino, ex jefe de la Policía Federal.

El más nombrado

Jaime, el funcionario kirchnerista más imputado, nunca debió ir a tribunales. Tiene al menos seis causas abiertas. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas le reclamó al juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid que lo citara en un expediente sobre presuntas irregularidades en la refacción de vagones de tren de la empresa Ferrovías. La OA lo solicitó en una causa sobre subsidios a la empresa ferroviaria Metropolitano (el juez Rodolfo Canicoba Corral lo había sobreseído, pero el caso fue reabierto y quedó a cargo de Ariel Lijo). Se lo imputó en otro sumario por subsidios a empresas ferroviarias, en uno por el otorgamiento de facilidades a la compañía aérea Southern Winds (SW), en otro por no obligar a las líneas de colectivos a renovar sus unidades y en otro por incumplimientos en los vuelos de Aerolíneas Argentinas.

De Vido y Alberto Fernández parecen estar más lejos de una citación. Al ministro de Planificación lo investiga Rafecas por el uso oficial de autos, en la causa en la que están imputados el Presidente, Aníbal Fernández, González García, Bielsa, el vocero Miguel Núñez y otros ocho funcionarios, detallaron fuentes de la investigación.

El ministro de Planificación también está acusado en una causa sobre la presunta cartelización de la obra pública, en otra por el pago de unas locomotoras que adeudaba el grupo Taselli y en una por la elaboración de un plan para construir un gasoducto en las provincias del Nordeste. Estos últimos dos expedientes habían sido cerrados el año pasado, pero fueron reabiertos por la Cámara Federal.

El jefe de Gabinete está imputado en una causa por una reasignación de partidas para la entrega de subsidios a la empresa de trenes Metropolitano, en otra similar en la que se benefició a SW y en un expediente en el que se investiga si le ofreció un cargo al diputado Eduardo Lorenzo Borocotó a cambio de pasarse al kirchnerismo.

Aunque cancelaron la citación por presunto contrabando de armas que le había fijado el hoy suspendido juez Guillermo Tiscornia, la ministra Garré aún enfrenta una causa en el fuero federal. Alicia Kirchner está imputada en un expediente sobre la posible comisión de irregularidades en el IV Proyecto de Protección Social.

La lista incluye otras causas que nunca salieron a la luz. Son investigados el ex secretario de Cultura Torcuato Di Tella (por aparentes anomalías en la contratación de una consultora); el ex subsecretario de Vivienda Luis Bontempo (por cambios de partidas en el Plan Federal de Viviendas); el jefe de la Unidad Presidente, Juan Carlos Mazzón (por el uso del avión presidencial en actividades de campaña), y el embajador en México, Jorge Yoma (presunto enriquecimiento ilícito).

Por el ritmo que lleva la mayoría de los expedientes, sólo dentro de algunos años se sabrá si los imputados de hoy son los condenados de mañana.