24 de abril de 2024
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Por Carlos Heller, presidente de Abappra
A pesar de mejorar la oferta por la deuda, la presión sobre la Argentina seguirá
Asegura que, ante esa situación, hace falta una mayor participación directa de las organizaciones sociales y populares, y de los legisladores, para la defensa del interés nacional. La sociedad en su conjunto no puede ser sólo espectadora de decisiones.
2 de septiembre de 2004
El cambio fundamental consiste en el reconocimiento de los intereses vencidos impagos hasta fines del 2003 o hasta mediados del 2004 (dependiendo del nivel de aceptación de la propuesta).
En la propuesta anterior se excluía totalmente el reconocimiento de los intereses, como un mecanismo para inducir a los acreedores a acelerar la conclusión de la negociación.
Debe tenerse en cuenta que luego del default los títulos públicos han seguido devengando las elevadísimas tasas de las colocaciones originales o del denominado “megacanje”.
También se contempla -en los recientes anuncios- para los primeros años un aumento al 2,7% del superávit fiscal primario destinado al pago de los intereses, cuando en la propuesta de Dubai se estipulaba un 2,4%.Finalmente, hay un aumento significativo en los cupones de intereses correspondientes en las tres categorías de títulos ofrecidos.
Aún con la quita anunciada, el total de la deuda pública seguirá representando una proporción elevadísima sobre el PBI –del orden del 85%- y el esfuerzo fiscal comprometido para servirlas –equivalente al 2,7% del PBI en los primeros años- comporta un enorme esfuerzo, sin precedentes en nuestro país, que afecta las posibilidades de atender las extendidas necesidades sociales y los requerimientos de inversión en infraestructura.
Pese a estas mejoras otorgadas a los acreedores es un hecho que la quita efectuada sobre las obligaciones reestructuradas es sustancialmente superior a la lograda por otros países que entraron en default.
La presión de los acreedores, de los organismos financieros internacionales y de los países integrantes del G7 para lograr incrementos aún mayores en los pagos seguirá haciéndose sentir.
La defensa del interés nacional requiere una mayor participación directa de las organizaciones sociales y populares, así como de los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación, a quienes constitucionalmente les corresponde el tratamiento de la deuda pública.
La sociedad en su conjunto no puede ser sólo espectadora de decisiones, que en última instancia, soportará con sus propios recursos y afectará su calidad de vida.