El Ministerio de Capital Humano inició acciones contra la exmandataria por presunta defraudación a la administración pública. Percibía la millonaria bonificación por haber fijado domicilio en Río Gallegos
El Ministerio de Capital Humano denunció a Cristina Kirchner por el plus de $6 millones que cobraba por haber radicado su domicilio en Río Gallegos, pese a que vive en la Ciudad de Buenos Aires.
La cartera que lleva adelante Sandra Pettovello inició acciones contra la exmandataria por los presuntos delitos de estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica. Todo ello por haber establecido un domicilio en “zona austral”, que no sería el real, “a fin de poder cobrar un suplemento dinerario a sus asignaciones de privilegio”.
Según especificó Capital Humano, esto habría generado un “perjuicio fiscal a la ANSES” que actualmente solicitó ser querellante en la causa.
En la denuncia presentada se resalta que la Bonificación de Zona Austral no se trata de una prestación de naturaleza previsional, sino que su cobro está generado exclusivamente a la “residencia efectiva o radicación real” en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el partido de Carmen de Patagones de la provincia de Buenos Aires.
Qué beneficios tiene la ex Presidenta Según los documentos presentados, las bonificaciones fueron percibidas en los siguientes beneficios:
Asignación mensual vitalicia (Ley N° 24.018) por viudez del expresidente Néstor Kirchner.
Asignación mensual vitalicia (Ley N° 24.018) por su carácter de expresidenta.
El cobro de estas bonificaciones habría requerido una residencia efectiva en la “Zona Austral”, que comprende provincias como Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y otras regiones del sur del país.
Sin embargo, según la denuncia, Cristina Fernández vivió en la Ciudad de Buenos Aires durante el período de cobro:
Como senadora por la provincia de Buenos Aires (2017-2019).
Como vicepresidenta de la Nación (2019-2023).
Esto constituiría un uso indebido de recursos públicos, lo que llevó a la ANSES a solicitar ser parte querellante en la causa y colaborar con la Justicia en la investigación.
bma