La fiscalía pidió que la Corte Suprema condene a la expresidenta Cristina Kirchner a 12 años de cárcel, por asociación ilícita, como anticipó TN. El reclamo lo hizo el fiscal general, Mario Villar, al apelar la resolución de la Cámara de Casación Penal que ratificó la condena a la exmandataria en el expediente por direccionamiento de obra pública para empresarios K.

Desde la fiscalía habían planteado que la sentencia de Casación "repite lo que dijo" el Tribunal Oral Federal N°2, que condenó a la expresidenta, que “no contesta las críticas que hizo el fiscal general a esos argumentos” y que “en esa medida es arbitraria y esto habilita el recurso a la Corte”.

El año pasado Casación ratificó la condena a Cristina Kirchner a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos al encontrarla culpable del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” en la causa Vialidad.

En su resolución los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, por decisión mayoritaria, rechazaron la solicitud del Ministerio Público Fiscal de aplicar al caso la figura de asociación ilícita.

Villar argumentó en la apelación al fallo de Casación, con pedido a la Corte a que condene a Cristina Kirchner a 12 años de cárcel por la causa Vialidad: “El delito de asociación ilícita se caracteriza por castigar la membresía, o la actuación como miembro de ésta, sin necesidad de que se ejecuten los hechos planificados. Entonces: ¿cómo se explica que traten de excluir la aplicación de este tipo penal por cómo se tratan jurídicamente los hechos cometidos posteriormente? La Cámara de Casación no lo contesta". El fiscal cuestionó además: “La principal arbitrariedad que exhibe la sentencia en crisis radica en la confirmación de la absolución de Lázaro Báez, Cristina Kirchner, Julio de Vido, Julio López y Nelson Periotti por el delito de asociación ilícita”.

Villar planteó: “Según se probó suficientemente en el debate, ellos —junto al fallecido expresidente Néstor Kirchner —, instauraron y tomaron parte en una matriz de corrupción que, mediante la división de roles definidos estratégicamente (dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado), la cual fue sostenida ininterrumpidamente a lo largo de más de 12 años y estuvo orientada a cometer múltiples delitos para detraer y apoderarse ilegítimamente de millonarios fondos públicos".

El fiscal explicó: “En efecto, no se trata únicamente de ‘irregularidades en algunas licitaciones’, sino de una estructura de poder jerarquizada, destinada a sustraer de modo sistemático fondos reservados a la obra pública”.