A través de un llamativo decreto que busca regular el funcionamiento de la marina mercante, el Gobierno resolvió volver a la carga con su objetivo de limitar el derecho a huelga, un apuesta que la gestión de Javier Milei ya había intentado a través del DNU 70/23 -cuyo capítulo laboral fue frenado por la Justicia- y una serie de artículos que fueron excluidos de la Ley Bases sancionada por el Congreso.

Ahora, mediante el DNU 340/25 que lleva la firma de buena parte del Gabinete, el Ejecutivo resolvió ampliar las actividades consideradas esenciales, incorporando al transporte de cargas y personas, la educación y los servicios de telecomunicaciones, y les impuso la obligación de garantizar la prestación del 75% de los servicios en caso de una medida de fuerza.

Además, en uno de los artículos, el decreto crea la figura de actividades consideradas de importancia trascendental, que abarca los sectores más diversos, y al que le impone la obligación de mantener un mínimo de la 50% de la prestación en las jornadas de huelga.

Entre las actividades alcanzadas en ese parámetro figuran los principales rubros industriales (alimentación, metalúrgica y la construcción), el funcionamiento de los bancos, los comercios y locales gastronómicos y todos los sectores vinculados a la exportación.

La decisión del Gobierno tomó por sorpresa a los gremios y centrales sindicales que interpretaron que el decreto "directamente prohíbe el derecho a huelga". A través de un comunicado de prensa, la conducción de la CGT denunció que con el polémico decreto el Gobierno intenta "suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate ni análisis previo".

Además, la principal central sindical anunció que irá a la Justicia para frenar la aplicación de la medida, que interpreta como "inconstitucional".

"La CGT no permanecerá en silencio frente a esta grave avanzada de un Gobierno que pretende borrar, una vez más, los derechos que tanto costó conquistar y defender. El movimiento obrero dará las batallas que tenga que dar, sean en los Tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo, para garantizar este y otros derechos amenazados por el Gobierno", advirtió el comunicado firmado por el consejo directivo cegetista. Fuentes de la entidad afirmaron que decidieron privilegiar la estrategia judicial para frenar al medida de la Casa Rosada, que interpretaron como parte de una renovada ofensiva del Gobierno, envalentonado tras el triunfo del último domingo en las elecciones en la Ciudad.