Tras la condena que ratificó este martes la Corte Suprema a Cristina Kirchner que dictó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) todos los temas que giran alrededor de esta decisión se aceleraron.

Además de la condena a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, también se suna una pena económica.

Tras el fallo de la Corte, la ex presidenta y los otros condenados deberán devolver $ 85.000 millones que le robaron al Estado nacional.

Además de Cristina, aparecen en la devolución de esa cifra aparecen Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.

Los fundamentos de la condena subrayaron la "certeza" del Tribunal respecto a que "mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.

Se refirieron así a los 51 contratos que le fueron adjudicados al Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez, ex socio comercial de la ex vicepresidenta.
Las obras viales licitadas en suelo santacruceño fueron “sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas” a Báez, dijo el Tribunal y añadió que la conformación de su holding y el crecimiento económico del mismo, fue “exponencial” y el mismo se vio “directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”.

En otros términos, los magistrados indicaron que ex funcionarios de Vialidad nacional como de la agencia provincial, “operaron al margen del interés público”, configurando, “detrás de una apariencia de licitud, una sincronizada y unívoca disposición del aparato estatal enderezado a la consumación del delito”.