Derrota del Gobierno, la oposición rechazó el veto a la ley de Emergencia de Discapacidad

16.02: La mega sesión convocada por la oposición para este miércoles comenzó con un duro golpe para el gobierno de Javier Milei con el rechazo del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La oposición reunió cómodamente la mayoría especial de dos tercios con 172 votos afirmativos, mientras que los libertarios y sus aliados sumaron 73 rechazos. Hubo 2 abstenciones.
La norma, que actualiza aranceles de prestaciones por inflación y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo, había sido aprobada con amplio consenso político pero la Casa Rosada la rechazó por su alto costo fiscal.

Sin embargo, pocas horas antes del inicio de la sesión el vocero presidencial Manuel Adorni anunció a través de las redes sociales que el Gobierno “está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”.


La Cámara de Diputados lleva a cabo una sesión clave que pondrá al Gobierno de Javier Milei frente a una agenda de fuerte impacto social y fiscal.

En medio de tensiones con los gobernadores por la distribución de fondos y tras los cierres de listas provinciales, el oficialismo enfrenta la posibilidad de que se rechacen los vetos presidenciales a leyes con amplio respaldo opositor.

La primera en debate será la emergencia en discapacidad, que prevé un aumento de pensiones y la actualización automática por inflación de las prestaciones profesionales, con un costo estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre 0,22% y 0,42% del PBI.

El temario incluye además la suba del 7,2% en jubilaciones y pensiones, junto con un aumento del bono mensual de $70.000 a $110.000, también con actualización por inflación.

Estas medidas, calculadas en un gasto equivalente al 0,7% del PBI, fueron vetadas por Milei y dividen el escenario político, con la UCR y los gobernadores como actores decisivos.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó la sesión al señalar que los proyectos carecen de dictamen de comisión y demandan recursos inexistentes, advirtiendo que aprobarlos implicaría forzar al Gobierno a emitir dinero, una política que –afirmó– la administración descartó desde el inicio de su gestión.