Este martes se firmaron los contratos sobre la concesión que otorga la explotación, administración y mantenimiento de rutas nacionales.

Se trata de los 741 kilómetros que constituyen los Tramos Oriental y Conexión, integrantes de la Etapa I de La Red Federal de Concesiones.

De esta manera, a partir de este miércoles la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. gestionará del Tramo Oriental, que incluye las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.

En tanto la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A., hará lo propio en el Tramo Conexión, es decir del Puente Rosario–Victoria (RN 174), que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

Desde Vialidad indicaron que los nuevos valores de los nuevos peajes serán de $1000 el puente Rosario-Victoria y $1900 los de la ruta 12 y la 14.

Se aplicarán dentro de 48 horas.

La Etapa I está conformada por más de 700 kilómetros que forman parte del corredor del Mercosur, el cual facilita el comercio y la integración regional con Brasil y Uruguay y, además, conecta pasos fronterizos estratégicos e incluye el Puente Rosario–Victoria sobre el río Paraná, en cercanía con accesos a puertos y centros productivos del Gran Rosario, lo que potenciará las exportaciones y el desarrollo logístico.

La firma del contrato corresponde a un plan más amplio que el Gobierno presentó como la conformación de una Red Federal de Concesiones, que consta de más de 9000 kilómetros de rutas y autopistas.

El objetivo del Ejecutivo es reducir costos para el sector productivo y reemplazar un modelo considerado “deficitario” por uno que será “transparente, competitivo y sin subsidios directos del Tesoro”.

Según la información oficial difundida, se presentaron siete propuestas en la licitación nacional e internacional. Todas las ofertas se ubicaron por debajo del tope máximo fijado en el pliego, un dato que las autoridades señalaron como indicativo de “eficiencia y transparencia” en el proceso.

El nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener “un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios”.