El Senado de Paraguay resolvió este viernes destituir por unanimidad al presidente Santiago Peña al declararlo culpable de mal desempeño de sus funciones en un juicio político.

Apenas unos minutos después, el exmandatario quedó detenido en su casa acusado de presunta lesión de confianza y otros delitos en la causa por el cierre de Ueno Bank, que afectó a millones de ahorristas. La fiscalía también ordenó el arresto del expresidente del Banco Central, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding.

La sesión en la Cámara alta tuvo lugar durante la tarde sin la presencia de Peña y concluyó con el voto favorable de los 44 legisladores presentes. Un senador estuvo ausente.

Así, Peña, de 47 años, se convirtió en el segundo presidente paraguayo elegido democráticamente en ser destituido desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, en 1989. El único antecedente fue el de Fernando Lugo, removido del cargo en junio de 2012.

El ahora exmandatario había sido convocado al Congreso, pero decidió no presentarse y delegó su defensa en los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda

Después de la decisión del Senado, la Fiscalía de Paraguay detuvo a Peña en su domicilio en Asunción y lo citó a declarar a las 11 de este sábado.

Mientras tenía lugar el procedimiento policial, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia. “Le pido a Dios que me ilumine, le pido templanza para decidir con serenidad en la hora difícil y no olvidar nunca el primer deber de un gobernante”, aseguró durante la ceremonia.

La destitución ocurre en medio de la crisis financiera y política que provocó la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central de Paraguay.

La entidad, que contaba con unos 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, había recibido durante la gestión de Peña importantes sumas de dinero provenientes de organismos públicos. La medida dejó a millones de usuarios sin acceso a sus ahorros y generó preocupación entre los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS).

Durante el proceso, los diputados denunciaron un presunto perjuicio de unos US$1200 millones para el Estado paraguayo por el caso Ueno Bank. También acusaron a Peña por sus vínculos con la entidad y el direccionamiento de fondos públicos hacia el banco.

Uno de los puntos centrales del juicio político fue la situación institucional que enfrentaba el exmandatario.

El artículo 189 de la Constitución paraguaya establece que los expresidentes elegidos democráticamente pueden convertirse en senadores vitalicios, con inmunidad parlamentaria, salvo que hayan sido sometidos a un juicio político y declarados culpables.