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Por José Calero
¿Los Kirchner avanzan hacia una estatización total?
24 de noviembre de 2008
El matrimonio presidencial dio garantías al mundo empresario de que la ola estatizadora termina con el paso al Estado de las AFJP, pero existen cada vez mayores indicios de que el sistema jubilatorio podría no ser el último paso en el avance sobre el sector privado.
Mucho contribuyó a ello el absurdo en el que cayeron los accionistas de numerosas administradoras que le pagaban sueldos millonarios a sus gerentes mientras perdían plata, y encima ajena.
Total, los fondos eran los de futuros jubilados: así, los privados cayeron en el mismo error, casi rayano con la ilegalidad, que cuestionan a diario en la órbita estatal.
Pero la ´fiesta´ de los gerentes de las AFJP no fue la principal razón que llevó al matrimonio llegado de Santa Cruz a resolver la estatización que el Congreso aprobó en tiempo récord.
Tampoco el severo perjuicio provocado a los futuros jubilados al erosionarse los ahorros por la debacle financiera internacional.
El principal motivo que llevó a la estatización es el manejo de las fondos que el gobierno necesitará como el agua en el año electoral que se viene.
"Quien maneja la caja, tiene el poder". La frase, adjudicada a Néstor Kirchner desde sus tiempos de gobernador en Santa Cruz por un ex colaborador que lo conoció de cerca, desnuda la forma de pensar de la pareja que ocupa desde mayo de 2003 la Casa Rosada.
Por eso, la sospecha de que la estatización de las AFJP, la expropiación de Aerolíneas Argentinas, el quite de la concesión del Correo, la decisión de hacer caer la licencia para el espacio radioléctrico que tenía Thales Spectrum, la toma del control de Aguas Argentinas (ahora Aysa) y otras movidas, tienen detrás una
concepción clara de que el poder político debe manejar la caja con mano de hierro.
La duda que deja semejante razonamiento es dónde se encontrarán los sistemas adecuados de control para evitar que semejante manejo discrecional de fondos no corra el riesgo de caer en corrupción.
La pregunta es qué sectores de la economía serían factibles de estatizar en una coyuntura lastimada por la crisis financiera internacional.
Primero se habló de las aseguradoras de riesgos del trabajo, pero ese sector maneja apenas unos 4.500 millones de pesos y la mayoría se destina a atender los accidentes que a diario se producen en el sector laboral.
Un mercado apetecible es el de las empresas de medicina de prepaga, que engloba a más de 3 millones de afiliados y es uno de los pocos sectores que brinda atención médica adecuada.
La mayoría de las obras sociales tiene problemas para dar atención médica o cubrir el costo de los medicamentos.
Además, muchas farmacias dejaron de atender por obras sociales, por la simple razón de que no les pagan.
También las mutuales podrían ser un sector apetecible para que el Estado meta mano.
Luego se anotan numerosas empresas de servicios públicos, algunas de las cuales son cuestionadas por los usuarios.
Al Gobierno le asistió razón para avanzar con las AFJP, pero la gran duda que queda flotando en el aire es que el remedio no terminará siendo peor que la enfermedad, y que los ahorros de los jubilados no se terminarán evaporando en la caja negra de las
arcas estatales.
La economía se frena
La actividad industrial viene sufriendo un freno que ya se comenzó a traducir en suspensiones y despidos.
Por eso, el gobierno nacional se apresta a tomar iniciativas para tratar de que la economía no se enfríe en forma dramática y que no se produzcan despidos.
Pero antes se inició una ofensiva total sobre el sector empresario para que no despidan gente.
Hubo reuniones muy duras entre el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y empresarios de primera línea.
En esos tensos encuentros, Tomada les dijo que muchos sectores empresarios, como las automotrices, ganaron mucha plata durante los últimos años gracias al crecimiento económico, por lo que no podía ser que ahora, cuando se produce una merma en ventas,
empiecen a echar gente.
Por eso el gobierno seguirá en detalle los despidos que se produzcan y hará valer la ley para que cada empresa deba justificar cualquier cesantía.
Entre las medidas en estudio se incluyen beneficios para la producción y exportación de bienes manufacturados, vía baja de retenciones, a cambio del compromiso de no aplicar despidos en los próximos dos años.
Cayó bien en ese sentido el primer paso que dieron empresarios y sindicalistas bonaerenses, que suscribieron un acuerdo para pensar herramientas que impidan despidos y acordaron estrategias comunes para defender el mercado interno.
Esa movida fue piloteada por el jefe de los industriales bonaerenses de la UIPBA, Osvaldo Rial, y uno de los líderes de la CGT bonaerense, José Luis Casares, quien sellaron el acuerdo y se lo presentaron de inmediato al Gobierno bonaerense.
Como respuesta a esa inicitiva, el gobierno de Daniel Scioli creó la Mesa Económica Productiva, un ente tripartido con la participación de ministros, empresarios y gremialistas que realizará un monitoreo permanente sobre la situación del empleo y
de la actividad productiva.
A nivel nacional se buscó hacer algo similar, pero hay fuerte tensiones entre la UIA y la CGT, por la pretensión de Hugo Moyano de imponer un proyecto de triple indemnización por despido.
En la Casa Rosada se buscará avanzar no sólo con beneficios impositivos para los exportadores, sino también en mejoras del tipo de cambio.
La intención es aplicar un conjunto de decisiones arancelarias combinadas para mejorar la competitividad del tipo de cambio en cerca del 20 por ciento.
El plan incluiría la eliminación de retenciones a productos fabriles y la duplicación de reintegros a las exportaciones de manufacturas. También medidas fiscales y un fuerte aumento de la tasa de estadística para ubicarla entre el 3,5% y el 5%.
Los cálculos que realizan en la secretaría de Industria indican que, para los exportadores de manufacturas, la combinación de un conjunto de medidas permitiría que reciban un dólar equivalente a unos 4 pesos.
Algunas señales del Gobierno hacia los empresarios se podrían producir entre lunes y martes, cuando varios funcionarios participen en la Conferencia Industrial que la UIA realizará en Pilar.
Allí se espera la presencia de la presidenta Cristina Kirchner, quien de esta forma retribuiría el apoyo que dio al gobierno el jefe de la UIA, Juan Carlos Lascurain, durante la pelea con el campo y en el marco de la crisis financiera.
Mucho contribuyó a ello el absurdo en el que cayeron los accionistas de numerosas administradoras que le pagaban sueldos millonarios a sus gerentes mientras perdían plata, y encima ajena.
Total, los fondos eran los de futuros jubilados: así, los privados cayeron en el mismo error, casi rayano con la ilegalidad, que cuestionan a diario en la órbita estatal.
Pero la ´fiesta´ de los gerentes de las AFJP no fue la principal razón que llevó al matrimonio llegado de Santa Cruz a resolver la estatización que el Congreso aprobó en tiempo récord.
Tampoco el severo perjuicio provocado a los futuros jubilados al erosionarse los ahorros por la debacle financiera internacional.
El principal motivo que llevó a la estatización es el manejo de las fondos que el gobierno necesitará como el agua en el año electoral que se viene.
"Quien maneja la caja, tiene el poder". La frase, adjudicada a Néstor Kirchner desde sus tiempos de gobernador en Santa Cruz por un ex colaborador que lo conoció de cerca, desnuda la forma de pensar de la pareja que ocupa desde mayo de 2003 la Casa Rosada.
Por eso, la sospecha de que la estatización de las AFJP, la expropiación de Aerolíneas Argentinas, el quite de la concesión del Correo, la decisión de hacer caer la licencia para el espacio radioléctrico que tenía Thales Spectrum, la toma del control de Aguas Argentinas (ahora Aysa) y otras movidas, tienen detrás una
concepción clara de que el poder político debe manejar la caja con mano de hierro.
La duda que deja semejante razonamiento es dónde se encontrarán los sistemas adecuados de control para evitar que semejante manejo discrecional de fondos no corra el riesgo de caer en corrupción.
La pregunta es qué sectores de la economía serían factibles de estatizar en una coyuntura lastimada por la crisis financiera internacional.
Primero se habló de las aseguradoras de riesgos del trabajo, pero ese sector maneja apenas unos 4.500 millones de pesos y la mayoría se destina a atender los accidentes que a diario se producen en el sector laboral.
Un mercado apetecible es el de las empresas de medicina de prepaga, que engloba a más de 3 millones de afiliados y es uno de los pocos sectores que brinda atención médica adecuada.
La mayoría de las obras sociales tiene problemas para dar atención médica o cubrir el costo de los medicamentos.
Además, muchas farmacias dejaron de atender por obras sociales, por la simple razón de que no les pagan.
También las mutuales podrían ser un sector apetecible para que el Estado meta mano.
Luego se anotan numerosas empresas de servicios públicos, algunas de las cuales son cuestionadas por los usuarios.
Al Gobierno le asistió razón para avanzar con las AFJP, pero la gran duda que queda flotando en el aire es que el remedio no terminará siendo peor que la enfermedad, y que los ahorros de los jubilados no se terminarán evaporando en la caja negra de las
arcas estatales.
La economía se frena
La actividad industrial viene sufriendo un freno que ya se comenzó a traducir en suspensiones y despidos.
Por eso, el gobierno nacional se apresta a tomar iniciativas para tratar de que la economía no se enfríe en forma dramática y que no se produzcan despidos.
Pero antes se inició una ofensiva total sobre el sector empresario para que no despidan gente.
Hubo reuniones muy duras entre el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y empresarios de primera línea.
En esos tensos encuentros, Tomada les dijo que muchos sectores empresarios, como las automotrices, ganaron mucha plata durante los últimos años gracias al crecimiento económico, por lo que no podía ser que ahora, cuando se produce una merma en ventas,
empiecen a echar gente.
Por eso el gobierno seguirá en detalle los despidos que se produzcan y hará valer la ley para que cada empresa deba justificar cualquier cesantía.
Entre las medidas en estudio se incluyen beneficios para la producción y exportación de bienes manufacturados, vía baja de retenciones, a cambio del compromiso de no aplicar despidos en los próximos dos años.
Cayó bien en ese sentido el primer paso que dieron empresarios y sindicalistas bonaerenses, que suscribieron un acuerdo para pensar herramientas que impidan despidos y acordaron estrategias comunes para defender el mercado interno.
Esa movida fue piloteada por el jefe de los industriales bonaerenses de la UIPBA, Osvaldo Rial, y uno de los líderes de la CGT bonaerense, José Luis Casares, quien sellaron el acuerdo y se lo presentaron de inmediato al Gobierno bonaerense.
Como respuesta a esa inicitiva, el gobierno de Daniel Scioli creó la Mesa Económica Productiva, un ente tripartido con la participación de ministros, empresarios y gremialistas que realizará un monitoreo permanente sobre la situación del empleo y
de la actividad productiva.
A nivel nacional se buscó hacer algo similar, pero hay fuerte tensiones entre la UIA y la CGT, por la pretensión de Hugo Moyano de imponer un proyecto de triple indemnización por despido.
En la Casa Rosada se buscará avanzar no sólo con beneficios impositivos para los exportadores, sino también en mejoras del tipo de cambio.
La intención es aplicar un conjunto de decisiones arancelarias combinadas para mejorar la competitividad del tipo de cambio en cerca del 20 por ciento.
El plan incluiría la eliminación de retenciones a productos fabriles y la duplicación de reintegros a las exportaciones de manufacturas. También medidas fiscales y un fuerte aumento de la tasa de estadística para ubicarla entre el 3,5% y el 5%.
Los cálculos que realizan en la secretaría de Industria indican que, para los exportadores de manufacturas, la combinación de un conjunto de medidas permitiría que reciban un dólar equivalente a unos 4 pesos.
Algunas señales del Gobierno hacia los empresarios se podrían producir entre lunes y martes, cuando varios funcionarios participen en la Conferencia Industrial que la UIA realizará en Pilar.
Allí se espera la presencia de la presidenta Cristina Kirchner, quien de esta forma retribuiría el apoyo que dio al gobierno el jefe de la UIA, Juan Carlos Lascurain, durante la pelea con el campo y en el marco de la crisis financiera.