18 de abril de 2024
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Por José Calero
Una agenda marcada por la sequía y la inseguridad
26 de enero de 2009
La feroz sequía que se abate sobre los campos argentinos cambió la agenda veraniega de un gobierno de Cristina Kirchner acostumbrado a los sinsabores desde el mismo momento que la jefa de Estado llegó al poder hace poco más de un año.
La errática política agropecuaria del 2008 fue el caldo de cultivo ideal para que el clima hiciera de las suyas y dejara gravemente herido a uno de los sectores que explicó gran parte del éxito económico logrado por el país en los últimos cinco años,
mientras creció al 9 por ciento.
La sequía es la peor de los últimos 50 años, y los productores estiman que las pérdidas ya alcanzan los 5.000 millones de dólares, aunque el impacto final es impredecible.
No es el único problema que le quita el sueño a la Casa Rosada: el desgaste sobre las cuentas públicas ya arroja una merma de ingresos para este año que asciende a los 7.000 millones de pesos.
Y si se ven obligados a generalizar al país la declaración de emergencia agropecuaria que ya aplicaron Entre Ríos, Corrientes y Chaco, las arcas del Estado quedarán muy expuestas en un año donde hay obligaciones por 20.000 millones de dólares que atender.
El problema no es sólo económico, sino especialmente político, ya que a caballo de esta crisis desde la Coalición Cívica se inició una ofensiva para lograr que el chacarero Alfredo De Angeli, líder de la protesta agropecuaria y figura predominante en el interior del país, lidere la lista de diputados en octubre.
La Coalición Cívica, la UCR y el socialismo, ayudados por el macrismo porteño, parecen decididos a propinarle una derrota al gobierno en octubre próximo, mientras Cristina aspira a que el bastión peronista del conurbano la salve de una caída que podría acotar su poder cuando todavía le reste cumplir la mitad del mandato.
Para sumar incertidumbre, la debacle financiera mundial, que hace estragos por todo el globo, castigó muy duro a la otra pata de sustento del modelo, las automotrices, que por estas horas penan en busca de una salida a la caída de ventas.
Así, en el año de las elecciones clave del segundo año de mandato, la administración Kirchner deberá hacer esfuerzos denodados para atenuar el impacto de una desaceleración que comenzó a palparse sobre la economía real.
El Gobierno es consciente del problema, parece decidido a ir paso a paso sobre sus consecuencias y, estratégicamente, restar dramatismo y palabras rimbombantes a esta crisis, con el fin de tratar de evitar que se termine agravando.
¿El atentado que no fue?
El todoterreno secretario Guillermo Moreno hilvanó rápido una estrategia: le pidió a la cooperativa SanCor que le juntara 120 productores en Sunchales, y luego hizo algo similar con la Rural de la localidad cordobesa de Morteros.
La operación fue doble: por un lado obtener consenso entre los productores de la cuenca lechera para arrancar con la instalación de feed-lots, el sistema de engorde de ganado en corral que la Presidenta anunció como parte de las medidas destinadas a paliar la situación del campo y que no movió el amperímetro de los hombres de agro.
Desde el punto de vista político, Moreno buscó dividir el duro frente agropecuario y tratar de acercar a un sector de los productores a posiciones oficiales.
La reunión con los hombres de campo se hizo sobre carriles de normalidad y no se supo de exabruptos por parte del polémico secretario, que hasta recibió varias carpetas de parte de los productores con un diagnóstico de la situación derivada de la sequía y prometió atender las propuestas.
Pero el diablo metió la cola y, en la madrugada, el enorme quincho de la Rural de Morteros fue consumido por un incendio.
Con sorprendente rapidez, el ministro del Interior, Florencio Randazzo –quien subió su perfil en la última semana- salió a denunciar que el incendio había sido un "atentado" y lo vinculó con la presencia de Moreno en el lugar.
Pero horas después, el fiscal que investigó el incendio recibió una pericia donde se calificaba al siniestro de accidente derivado de un cortocircuito en una instalación precaria.
El Gobierno insinuó continuar en la lógica del atentado, pero por ahora el resultado arrojó un traspié político de proporciones para el oficialismo, que abre interrogantes sobre las características que tendrá la campaña electoral.
Secuestros y Estado "fallido"
Hace tiempo que la sociedad argentina percibe que el Estado es incapaz de garantizar su seguridad.
Hay zonas del país fuera de control, donde las fuerzas de seguridad ni siquiera se animan a entrar, en un fenómeno que los teóricos denominan "Estado fallido".
El confuso secuestro del finalmente liberado empresario Leonardo Bergara, con fuerzas policiales en la mira, no hace más que sumar interrogantes.
Términos como "zona liberada" comenzaron a ser moneda corriente en el lenguaje popular, y cierto descrédito sobre la clase política se fue asentando al calor de olas delictivas que ponen en vilo la vida de millones de ciudadanos a quienes la inseguridad les quita el sueño.
El escenario se agrava porque, a contramano de lo que piensa la gente, cuya mayor preocupación es la inseguridad, el gobierno kirchnerista ha demostrado que el tema no es central en su agenda discursiva.
Quizás cierto prejuicio ideológico, que identificó históricamente al reclamo de seguridad con posiciones de derecha, impidió hasta ahora a la Casa Rosada fijar una política seria no sólo para hacer frente a las angustias de la sociedad, sino
también a las violaciones de derechos que se cometen a diario en las calles de Buenos Aires, tomadas por asalto por grupos de protesta que se convierten en amos y señores de la vida de todos.
La acertada estrategia de no reprimir para evitar males mayores en los tiempos en que la Argentina se desbarrancaba por el abismo, parece haber hecho caer al Gobierno en cierto inmovilismo que lo demuestra impotente para priorizar que el derecho de millones no sea vulnerado por la prepotencia de unos pocos.
La errática política agropecuaria del 2008 fue el caldo de cultivo ideal para que el clima hiciera de las suyas y dejara gravemente herido a uno de los sectores que explicó gran parte del éxito económico logrado por el país en los últimos cinco años,
mientras creció al 9 por ciento.
La sequía es la peor de los últimos 50 años, y los productores estiman que las pérdidas ya alcanzan los 5.000 millones de dólares, aunque el impacto final es impredecible.
No es el único problema que le quita el sueño a la Casa Rosada: el desgaste sobre las cuentas públicas ya arroja una merma de ingresos para este año que asciende a los 7.000 millones de pesos.
Y si se ven obligados a generalizar al país la declaración de emergencia agropecuaria que ya aplicaron Entre Ríos, Corrientes y Chaco, las arcas del Estado quedarán muy expuestas en un año donde hay obligaciones por 20.000 millones de dólares que atender.
El problema no es sólo económico, sino especialmente político, ya que a caballo de esta crisis desde la Coalición Cívica se inició una ofensiva para lograr que el chacarero Alfredo De Angeli, líder de la protesta agropecuaria y figura predominante en el interior del país, lidere la lista de diputados en octubre.
La Coalición Cívica, la UCR y el socialismo, ayudados por el macrismo porteño, parecen decididos a propinarle una derrota al gobierno en octubre próximo, mientras Cristina aspira a que el bastión peronista del conurbano la salve de una caída que podría acotar su poder cuando todavía le reste cumplir la mitad del mandato.
Para sumar incertidumbre, la debacle financiera mundial, que hace estragos por todo el globo, castigó muy duro a la otra pata de sustento del modelo, las automotrices, que por estas horas penan en busca de una salida a la caída de ventas.
Así, en el año de las elecciones clave del segundo año de mandato, la administración Kirchner deberá hacer esfuerzos denodados para atenuar el impacto de una desaceleración que comenzó a palparse sobre la economía real.
El Gobierno es consciente del problema, parece decidido a ir paso a paso sobre sus consecuencias y, estratégicamente, restar dramatismo y palabras rimbombantes a esta crisis, con el fin de tratar de evitar que se termine agravando.
¿El atentado que no fue?
El todoterreno secretario Guillermo Moreno hilvanó rápido una estrategia: le pidió a la cooperativa SanCor que le juntara 120 productores en Sunchales, y luego hizo algo similar con la Rural de la localidad cordobesa de Morteros.
La operación fue doble: por un lado obtener consenso entre los productores de la cuenca lechera para arrancar con la instalación de feed-lots, el sistema de engorde de ganado en corral que la Presidenta anunció como parte de las medidas destinadas a paliar la situación del campo y que no movió el amperímetro de los hombres de agro.
Desde el punto de vista político, Moreno buscó dividir el duro frente agropecuario y tratar de acercar a un sector de los productores a posiciones oficiales.
La reunión con los hombres de campo se hizo sobre carriles de normalidad y no se supo de exabruptos por parte del polémico secretario, que hasta recibió varias carpetas de parte de los productores con un diagnóstico de la situación derivada de la sequía y prometió atender las propuestas.
Pero el diablo metió la cola y, en la madrugada, el enorme quincho de la Rural de Morteros fue consumido por un incendio.
Con sorprendente rapidez, el ministro del Interior, Florencio Randazzo –quien subió su perfil en la última semana- salió a denunciar que el incendio había sido un "atentado" y lo vinculó con la presencia de Moreno en el lugar.
Pero horas después, el fiscal que investigó el incendio recibió una pericia donde se calificaba al siniestro de accidente derivado de un cortocircuito en una instalación precaria.
El Gobierno insinuó continuar en la lógica del atentado, pero por ahora el resultado arrojó un traspié político de proporciones para el oficialismo, que abre interrogantes sobre las características que tendrá la campaña electoral.
Secuestros y Estado "fallido"
Hace tiempo que la sociedad argentina percibe que el Estado es incapaz de garantizar su seguridad.
Hay zonas del país fuera de control, donde las fuerzas de seguridad ni siquiera se animan a entrar, en un fenómeno que los teóricos denominan "Estado fallido".
El confuso secuestro del finalmente liberado empresario Leonardo Bergara, con fuerzas policiales en la mira, no hace más que sumar interrogantes.
Términos como "zona liberada" comenzaron a ser moneda corriente en el lenguaje popular, y cierto descrédito sobre la clase política se fue asentando al calor de olas delictivas que ponen en vilo la vida de millones de ciudadanos a quienes la inseguridad les quita el sueño.
El escenario se agrava porque, a contramano de lo que piensa la gente, cuya mayor preocupación es la inseguridad, el gobierno kirchnerista ha demostrado que el tema no es central en su agenda discursiva.
Quizás cierto prejuicio ideológico, que identificó históricamente al reclamo de seguridad con posiciones de derecha, impidió hasta ahora a la Casa Rosada fijar una política seria no sólo para hacer frente a las angustias de la sociedad, sino
también a las violaciones de derechos que se cometen a diario en las calles de Buenos Aires, tomadas por asalto por grupos de protesta que se convierten en amos y señores de la vida de todos.
La acertada estrategia de no reprimir para evitar males mayores en los tiempos en que la Argentina se desbarrancaba por el abismo, parece haber hecho caer al Gobierno en cierto inmovilismo que lo demuestra impotente para priorizar que el derecho de millones no sea vulnerado por la prepotencia de unos pocos.