El Gobierno viene librando una pelea sin cuartel con el campo, que a esta altura parece haber reingresado en ese temido laberinto sin retorno, pero causó sorpresa que ahora se haya abierto otro frente de conflicto con un sector productivo, en este caso los industriales de la UIA.

¿Puede prosperar un país donde las principales fuerzas productivas confrontan con las políticas que se impulsan desde el Estado Nacional?

El matrimonio presidencial cree que sí, y considera que los ataques lanzados desde el agro y la industria provienen de sectores "concentrados" que quieren frenar sus políticas destinadas a recrear una burguesía nacional que se hará cargo de
sectores clave de la economía, en especial la energía y los alimentos.

Pero también entran en esa lista los sectores "sensibles", creadores de mano de obra intensiva, como textiles, calzado, comercio y algunos servicios, alineados con la política oficial.

Quedaron claros estos alineamientos empresarios en dos grandes actos realizados por el sector privado en los últimos días.

En el cónclave organizado por la Fundación ProTejer, los industriales textiles hicieron una férrea defensa de la política proteccionista aplicada por la administración Kirchner a través de mecanismos como las licencias no automáticas.

Los discursos se repitieron en el megaacto que la CAME organizó en Parque Norte, donde Cristina asistió con los principales ministros de su gabinete.

Allí, el titular de la CAME, Osvaldo Cornide, elogió la política oficial, aunque también hizo un llamado a buscar el "diálogo y los consensos".

Un día después, la UIA se reunió casi en soledad para celebrar con un seminario Pyme el Día de la Industria.

Todo se desarrollaba con gran parsimonia hasta que el jefe de la UIA, Héctor Méndez, se despachó con un discurso duro hacia el Gobierno, que había sido consensuado previamente por la mesa chica de la central fabril.

Méndez sugirió la existencia de un clima antiempresario en el país y se mostró junto al titular de la Bolsa, Adelmo Gabbi, y al número uno de la Cámara de Comercio,
Carlos De la Vega, mientras que también recibió un llamado del jefe de la Rural, Hugo
Biolcati, para felicitarlo.

ara los industriales, el problema no es económico, sino político, pero en la Junta Directiva de la central fabril existe otra preocupación aún más importante.

Los hombres de la industria están muy alarmados por el aumento en los niveles de confrontación en el discurso oficial, y en especial por el hecho de que cada crítica que recibe la Casa Rosada parece ser interpretada como proveniente de un supuesto
enemigo imaginario.

Desde la óptica empresaria, el Gobierno se encierra cada vez más sobre sí mismo, y esto va restando posibilidades de encontrar las soluciones que hacen falta.

Tal vez por ello la central fabril salió a mostrar su molestia con la presidenta Cristina Kirchner, quien no fue invitada a la jornada de celebración del Día de la Industria que la central fabril realizó el miércoles con un seminario sobre la situación de las pymes.

De prosperar esta postura crítica, el gobierno nacional quedará enfrentado con los dos principales sectores productivos del país, el campo y la industria, lo cual abre un interrogante sobre el potencial productivo de la Argentina.

Entre los hombres de empresa hay preocupación porque notan cierta parálisis en el avance de leyes clave que el sector vienen reclamando desde hace años.

El titular de la Unión Industria bonaerense, Osvaldo Rial, un hombre de excelente diálogo con el gobernador Daniel Scioli, no tuvo pelos en la lengua para reclamar una ley de beneficios impositivos para aquellas empresas que reinviertan sus utilidades.

Rial es uno de los vicepresidentes de la central fabril pero además uno de los receptores de los problemas que afectan al principal distrito fabril del país, la provincia de Buenos Aires.

Un estudio realizado por la UIPBA recogió datos alarmantes sobre lo que está ocurriendo en el entramado pyme industrial.

El 85 por ciento de las pequeñas y medianas industrias consultadas informó una caída en sus niveles de rentabilidad.

El dato cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que las pymes generan el 97 por ciento del empleo en la Argentina.

Los industriales también están preocupados por lo que consideran "promesas incumplidas" del gobierno respecto de lan ueva ley de riesgos del trabajo.

Cristina había prometido avanzar finalmente con este tema, que representa un dolor de cabeza para el sector empresario porque comenzó a florecer una "industria del juicio" que impacta sobre los costos de las empresas con demandas millonarias.

El Gobierno no sólo no avanzó, sino que la Presidenta se despachó con una amenaza que puso en estado de ebullición a las aseguradoras de riesgos del trabajo.

Dijo que si empresas y gremios no se ponen de acuerdo con la nueva ley de ART, intervendría el Estado, en un amague que hizo recordar enseguida a la estatización de las AFJP.

Por las dudas, la Unión de ART salió a recordarle a la jefa de Estado, con delicadeza, que el fallo de la Corte Suprema que habilitó la doble vía para los juicios por accidentes laborales, no cuestionó el fondo del sistema de seguros, que permitió dar previbilidad al sector productivo.