El gobierno decidió apretar fuerte el acelerador para redibujar el mapa inmobiliario de la Argentina, con una medida de alto impacto social que puede beneficiar a cientos de miles de inquilinos y personas sin vivienda.

Poder comprar una casa o un departamento sin necesidad de tener ahorrado un solo peso, aunque con capacidad para pagar una cuota, es el sueño de cualquier inquilino o persona sin vivienda, y ese imaginario se disparó en la cabeza de millones de personas cuando Felisa Miceli hizo el anuncio en presencia del presidente Néstor Kirchner.

Pero el flanco débil de esta ecuación continúa siendo que la mayoría de esas mismas personas carecen de ingresos suficientes para obtener un crédito hipotecario.

Además, aún no hay soluciones concretas para la gran masa de trabajadores que perciben sus ingresos en negro.

El plan no ataca el problema principal de los créditos, el valor de las cuotas en relación con los salarios.

Por una propiedad de 60.000 dólares se tiene que pagar una cuota de 1.900 o 2.000 pesos por mes a 20 años de plazo, según las líneas vigentes, por lo que desde el sector inmobiliario se pide seguir trabajando en el tema de las tasas de interés.

Según Miceli, los bancos quedarán habilitados desde septiembre a prestar hasta el 100 por ciento del valor de una vivienda de hasta 200 mil pesos, y hasta el 90 por ciento de una propiedad de hasta 300 mil.

Para poder implementarse, esta medida deberá ser acompañada por una ampliación en el plazo para devolver los créditos, que en la actualidad ronda los 15 ó 20 años.

Es que de lo contrario será muy difícil para un asalariado comprar una propiedad, aunque el banco esté dispuesto a prestarle la totalidad de la plata.

En la actualidad, la relación cuota/ingreso no puede superar el 30 por ciento.

Para un préstamo de 100 mil pesos, a 10 años de plazo, hay que contar con un ingreso de unos 4.500 pesos y pagar una cuota de unos 1.500 pesos.

El riesgo es que esta medida termine subiendo el precio de las propiedades por aumento de la demanda.

Para tratar de evitarlo, el gobierno fomentará la construcción de viviendas para alquiler con opción a compra (leasing), devolviendo el IVA a sus constructores.

En principio, estos anuncios podrían poner paños fríos a la suba de alquileres, porque la clase media tendrá más posibilidades de intentar una compra y dejar de alquilar.

Así, el gobierno encontraría una solución a otro flanco débil que amenaza el costo de vida.

Como punto a favor del gobierno, el anuncio representa la primera medida de fondo para paliar el costo de los alquileres.

En ese marco, espera incentivar la construcción de viviendas y sostener el crecimiento de la industria de la construcción, factor clave para explicar cuatro años de mejora consecutiva en el Producto Bruto.

También se aspira a cerrar acuerdos con la industria de la construcción, con el fin de frenar el aumento de las propiedades, una pata clave para que todo el andamiaje de esta medida no se derrumbe.