De pronto la Argentina volvió a vivir escenas que parecían olvidadas, en el marco de un interminable conflicto en la ex Terrabusi que refleja las tensiones sociales de una economía golpeada por factores internos y externos y un Estado cuyas finanzas empiezan a hacer agua.

La violencia desatada en una de las fábricas más emblemáticas de la Argentina terminó convirtiéndose en el pálido espejo de un país en crisis.

El desalojo con balas de goma y gases lacrimógenos en la fábrica de Kraft Foods tomada por trabajadores despedidos, se desató minutos después de que una nerviosa e ignota subsecretaria del Ministerio de Trabajo respondiera de mala manera consultas
periodísticas y buscaba disimular lo que a esa altura era imposible de ocultar.

Kraft Foods le había informado a Trabajo que no había marcha atrás en los 160 despidos en la tradicional alimenticia argentina, y que lo único que estaban en condiciones de garantizar era que no habría más gente echada.

Un día antes, el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, había dado algunas pistas sobre lo que la central obrera estaba dispuesta a hacer para solucionar esta crisis: nada.

El conflicto está "politizado y los que protestan son de la ultraizquierda", sentenció el camionero, dando a entender que no movería un dedo en favor de los operarios de la ex Terrabusi, donde se desempeñan 3.000 personas.

La crisis en la planta alimenticia de General Pacheco refleja, en parte, las tensiones que sufren cientos de industrias de la provincia de Buenos Aires.

Caída de ventas, reducción de horas, suspensiones y amenazas de despidos son el escenario de un sector fabril que se encuentra en estado deliberativo y que viene lanzando duras advertencias al Gobierno.

En la última semana, la Ciudad de Buenos Aires sufrió más de una treintena de cortes de calles y tomas de espacios públicos, para locura de automovilistas y transeúntes.

Con protestas para reclamar más planes sociales, más subsidios, empleo o lo que sea, distintos grupos llegaron a la conclusión de que si no cortan calles difícilmente reciban "algo" del Gobierno.

Al fin de cuentas, esa lógica es parte del "modelo" impuesto por el matrimonio Kirchner en estos seis y años y medio de manejar el poder en la Argentina, a fuerza de planes sociales y subsidios varios.

La idea del "derrame" desarrollada por el menemismo en los 90, según la cual la riqueza de los sectores de altos ingresos terminaría en algún momento mejorando también la situación de los más pobres, siempre fue atacada por los K.

Pero su modelo parece haber impuesto una teoría aggiornada de aquel derrame, según la cual, el éxito de este modelo permitirá alcanzar la "inclusión social", machacada hasta el hartazgo por Néstor y Cristina en cada uno de sus discursos.

Pero los resultados no parecen ser los pregonados.

La pobreza, según consideraciones creíbles como las de las consultoras privadas, las ONG y las de la Iglesia, y no manipuladas groseramente como las del INDEC, ya afecta a casi el 40 por ciento de la población.

Es el mismo nivel alcanzado durante el menemismo, salvo que en los 90 el INDEC todavía no había construido un sofisticado sistema para distorsionar la realidad.

La distribución del ingreso sigue casi en el mismo grado de desigualdad que cuando gobernaban el caudillo de La Rioja.

El organismo oficial de estadísticas de la Argentina se convirtió esta semana en el hazmerreír mundial, cuando informó al mismo tiempo que mientras la actividad económica y la industria caían, la pobreza bajaba.

Se cae la producción

Hay preocupación entre los sectores vinculados con la producción, como las pymes industriales, porque ven cómo su rentabilidad cae en picada y se les hace insostenible mantener los puestos de trabajo.

No es poco, teniendo en cuenta que el sector pequeño y mediano de la economía explica el 97 por ciento del empleo en el país.

Lejos de poder solucionar esa realidad, el Gobierno parece decidido a dar señales contundentes al establishment financiero de que se dará marcha atrás con la idea de hacer un `pagadios`.

La Argentina decidió volver al FMI, refinanciar la deuda con el Club de París, que ahora se disparó hacia los 7.700 millones de dólares, y hacer una nueva propuesta a bonistas en cesación de pagos.

Es decir, todo lo contrario a lo que dijo Néstor Kirchner antes de ¿irse? del poder.

Cristina comprendió que si no toma ese camino su administración puede estallar en mil pedazos, porque los recursos se empezaron a agotar y ni siquiera las divisas por exportaciones pueden ayudar, porque hizo todo lo posible para que el campo produzca cada vez menos.

Con cada vez más intervencionismo estatal, más cambios de reglas de juego, leyes que se encaminan a la confiscación o expropiación lisa y llana, la pregunta es quién querrá invertir en la Argentina.

El mundo financiero tomó nota de esta necesidad y, cuando llegue el momento, le pasará la factura al gobierno argentino por haber mantenido la cesación de pagos durante más de ocho años.

La delicada situación fiscal en la provincia de Buenos Aires, que obligó a Daniel Scioli a lanzar un impuestazo, a la que se suman Santa Fe y Córdoba, es una muestra de lo que puede ocurrir en la Nación si el Gobierno no toma el toro por las astas.

El aumento de impuestos en Buenos Aires, la colocación de una Letra por 1.630 millones de pesos en la caja de la obra social de los jubilados por parte del Tesoro Nacional o la posibilidad de que Santa Fe coloque un bono para pagarle una deuda a la policía y a los empleados de un ex banco provincial, son sólo algunos ejemplos de que las arcas públicas empezaron a secarse.

La prórroga de los impuestos al cheque y a las Ganancias volverá a poner sobre la mesa el tema de la coparticipación de impuestos entre la Nación y las provincias.

En el caso del gravamen sobre los cheques, creado por Domingo Cavallo en 2001 como un impuesto de emergencia, el Gobierno pretende prorrogarlo por dos años y no por uno como es habitual.

Las provincias necesitan entre 7.000 y 8.000 millones de pesos para cumplir con sus compromisos y el 70% de su deuda está en manos de un Tesoro nacional que está cada vez más escaso de recursos.

Este martes, los principales hombres de la industria harán un "retiro espiritual" en Pilar durante el cual evaluarán un documento que pretenden entregar a la Presidenta.

Allí advertirán que hacen falta correcciones de fondo en el modelo en curso y adoptar las medidas necesarias para devolver la confianza perdida en un modelo que desde hace tiempo viene dando señales de fatiga.