El Gobierno comenzó a identificar con mayor precisión los problemas de fondo que atraviesa la economía argentina, lo cual no brinda necesariamente la garantía de acertar en las medidas para solucionarlos. Bajar el gasto público y reducir el déficit fiscal, como paso previo a atenuar la presión impositiva que debilita la competitividad argentina, forma parte del recetario económico que se va cocinando en un equipo que aún no alcanzó la sintonía fina.

El Gobierno entiende que buena parte del problema radica en la inflación, y por ello el jefe del Banco Central, Federico Sturzenegger, sigue batallando para lograr cumplir su meta de inflación anual del 17% hacia fines de año.

Cada vez son más en el Gobierno los que creen que el objetivo trazado por Sturzenegger fue "demasiado ambicioso".

Como sea, el objetivo aparece cada vez más lejano: en parte porque el primer trimestre ya se llevó casi la mitad de esa meta, pero sobre todo porque los agentes económicos empezaron a concluir que el objetivo real del Banco Central, al fijarla, no fue tanto cumplirla, sino aminorar las expectativas inflacionarias.

El problema para el gobierno es que el consumo no da señales de recuperación, al contrario. Millones de hogares debieron resignar incluso las compras de lácteos, y de una manera que sólo encuentra antecedentes cercanos en la megacrisis de 2002, tras la debacle del gobierno de Fernando de la Rúa cuando todo estalló en diciembre de 2001.

Cifras oficiales confirmaron lo que venían anticipando referentes sociales y consultoras: cada argentino tomó en promedio cuatro litros menos de leche que un año antes, lo que representó una caída del 9,2% en el consumo, el nivel más bajo desde 2003, según datos de la consultora Kantar Worldpanel.

No hace falta hacer sociología de alta gama para concluir que buena parte de ese menor consumo se explica por la caída del poder adquisitivo en los sectores populares, los más golpeados por el ajuste.

El dato fue confirmado por supermercadistas, que observan cada vez más preocupados los números sobre caída de ventas y multiplican las ofertas, mientras arrecian rumores de que el sector comenzará a despedir gente.

Para completar una tormenta perfecta, los lácteos cuestan en promedio 40% más que hace doce meses, de acuerdo con sondeos privados.

Así, en medio de un escenario en que el poder adquisitivo cae, los productos clave de la canasta familiar son los que más suben.

Algo no cierra en la ecuación.

El Gobierno trata de apelar a la estrategia del gradualismo y hasta insinúa que la transformación que propone para la Argentina demandará 20 años.

Incluso, Macri bromeó -¿bromeó?- con la posibilidad de buscar un segundo mandato, y viene defendiendo la necesidad de emprender un "camino gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas para los próximos tres años".

Un eje central de ese gradualismo será una "reforma tributaria ambiciosa" que, dicen cerca de Macri, permitirá recuperar el superávit fiscal en 2019.

El cambio en la matriz económica se complementa con una decisión capaz de generar nuevos empleos, pero que también tendrá costos que ya se evidencian.

El Gobierno quiere que la economía no sólo dependa del consumo, sino que se fundamente también en la inversión y las exportaciones.

El problema es que gran parte de este rosario de transformaciones ya quedó para después de las elecciones de octubre, porque Macri se convenció de que en esta etapa es inviable cualquier ajuste de envergadura.

El mismo convencimiento tiene de que si no se ordenan las cuentas públicas, el mundo jamás tomará en serio su plan económico de crecer 20 años seguidos para terminar con la pobreza extrema en la Argentina.

Lo que llamó "pobreza cero". Lo que prometió en campaña.