Tras un cierre de año traumático con violencia política incluida, el Gobierno considera haber superado una intentona desesperada del kirchnerismo, en alianza táctica con la izquierda, para desestabilizar su administración.

Con ese empuje buscará en febrero avanzar con un capítulo clave del ´reformismo permanente´ que busca instalar: la aprobación de una resistida reforma laboral.

Si bien a duras penas Mauricio Macri obtuvo el respaldo para una reforma previsional que significará un duro ajuste sobre el gasto social de 100.000 millones de pesos anuales, en la Casa Rosada existe optimismo.

El mandatario apuesta a la novedosa relación estratégica construida con los gobernadores peronistas, que aportaron votos en el Parlamento a cambio de garantizarse los fondos necesarios para administrar sus provincias en el año que comienza.

Urgidos por su déficit fiscal creciente, pero también con la necesidad de dejar al kirchnerismo en el olvido y empezar a pavimentar el camino del retorno al poder en el 2019, o tal vez en el 2023, los pragmáticos mandatarios justicialistas consideraron que su futuro depende de que Cristina Kirchner sea un recuerdo, y la aislaron en el Senado a su bloque de 8.

La ex presidenta cierra el 2017 preocupada y a tiro de fallo judicial: solo la ´lealtad´ de un juez la salvó de ir a juicio oral por el megalavado de fondos de la obra pública avalado durante sus dos gobiernos.

La causa jugaba en su contra, pero la Justicia no la incluyó en el juicio oral, aunque nada indica que esté a salvo en otras investigaciones que lleva adelante el fuero federal.

Obligada a defenderse con uñas y dientes, Cristina avisa que aún mantiene su poder de fuego en las calles y está dispuesta a quemar las naves, aunque deba quedar pegada a la violencia, como ocurrió en el diciembre caliente que se va.

El foquismo exhibido por la militancia ultrakirchnerista del sur del conurbano, sumada a la casi siempre extraviada mirada de la realidad que hace la izquierda, condimentadas por sectores lúmpenes fuera de sí, sacó lo peor de la Argentina a las maltratadas calles del centro porteño.

Es incierto aún determinar la magnitud del impacto político que tendrán las imágenes de hordas embravecidas arrojando miles de kilos de piedras a policías solo protegidos por sus escudos, pero existe cierto consenso es que no será gratis ni para la ex presidenta ni para sus legisladores denunciados ante la Justicia por intentar obstruir al Parlamento.

Uno y otros deberán barajar y dar de nuevo en febrero: Marcos Peña, el fortalecido jefe de Gabinete, dijo que se buscará tratar la reforma laboral en sesiones extraordinarias "en el marco del diálogo" con el peronismo.

El justicialismo parlamentario estará atento a los mensajes que le lleguen desde la CGT, en especial de parte del moyanismo, que no la está pasando bien a partir de denuncias que llegan desde el fútbol.

Pablo Moyano, el jefe de los camioneros y heredero del imperio sindical de su padre, Hugo, quedó en el centro de las miradas por las denuncias que está haciendo un ex jefe de la barra brava de Independiente sobre connivencia en irregularidades con el manejo de las entradas.

Miguel Pichetto, quien maneja la primera minoría en el Senado, había dicho que antes de prosperar con el tratamiento de la reforma del mercado de trabajo se esperaría la posición de la CGT.

El problema para el peronismo es que seguir pensando el mercado laboral con leyes de mediados de siglo anterior puede dejar a la Argentina totalmente fuera de juego en la carrera por ver qué países tendrán chances de superarse en el mundo de la inteligencia artificial.

Los avances logrados por el peronismo en los ´40 no se discuten, pero es necesario actualizar y dotar de flexibilidad al mercado de trabajo para entrar en la productividad exigida por un mundo dominado por la internet de las cosas, la robotización y un rol cada vez más fuerte de los servicios.

La Argentina no se puede dar el lujo de dar esa pelea con un 30 por ciento de empleo en negro y una estructura productiva anquilosada.

La reapertura anticipada del Parlamento tiene como fecha tentativa el 14 de febrero, tras los feriados de Carnaval.

El ´general´ macrista que deberá liderar esta batalla será el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

De diálogo fluido con el peronismo sindical, Triaca es muy resistido por los sectores más contestatarios del ala gremial, en especial las comisiones internas de la izquierda que se hicieron fuertes en distintos conflictos de fábrica y mantiene fuerte capacidad de protesta.

Esos grupos, que ya tuvieron su bautismo de fuego en el cierre de Kraft, rechazan todos los capítulos centrales de la reforma laboral, como las figuras de "contrato a tiempo parcial", el régimen de licencias, las subcontrataciones y nuevas "formas y modalidades de trabajo".

Nada nuevo para quienes tienen una mirada de avanzada sobre el mundo del trabajo, pero mala palabra para quienes siguen mirando el futuro con la lente de la ´Guerra fría´.

Para el Gobierno, la aprobación de la reforma previsional fue traumática, y duda en tener capital político suficiente para atravesar otra fase de violencia callejera.

Existe malestar, además, entre las fuerzas de seguridad, ya que no hizo ninguna gracia recibir semejantes ataques sin chances de reprimir: tanto para quienes lo soportaron, como para quienes observaron con impotencia ese escenario.

La duda es cómo reaccionarían los efectivos policiales si ese escenario de violencia se repitiera.

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La economía aún no remonta.

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Lejos de estar bajo control, la inflación le terminó torciendo el brazo a las expectativas oficiales.

El equipo económico en pleno debió salir a admitir que aún se está lejos de domar al potro embravecido de la escalada de precios en el país de la especulación.

Sin poner al costo da vida bajo control, será imposible para Macri ensayar una estrategia de largo aliento para cumplir su promesa de bajar la pobreza.

Para tener menos inflación, la Argentina necesita ser más productiva y competente. Nunca lo logró.

El país tiene muy bajo nivel de productividad, escasa capacidad de adaptación al cambio y demasiadas estructuras ligadas a la intermediación, lo cual siempre atenta contra la rebaja de precios.

Los costos logísticos son altísimos, a tal punto que en dólares los fletes entre Buenos Aires y Salta son similares a los de un viaje en barco entre China y el puerto de la Ciudad.

La infraestructura para el transporte, en especial las rutas y el ferrocarril, casi no han tenido cambios sustantivos en las últimas décadas.

La presión impositiva sigue siendo altísima y al servicio de los excesos de la política y sus gastos desmedidos.

Ya lo demostró el kirchnerismo: la tentación de hacer política con plata ajena está en el ADN de la clase política argentina.

Existen en el país demasiados sectores que prefieren no avanzar en el cambio, porque el estatus quo juega a favor de sus mezquinos intereses.

Macri sostiene que todos deben ceder un poco para avanzar en una Argentina moderna.

Todos parecen entenderlo hasta que les tocan el bolsillo y reaccionan para evitarlo.

El gran desafío presidencial en el 2018 será construir consensos mostrando que los sectores que aún no han sido tocados por el ajuste también están dispuestos a hacer su contribución para el cambio.

¿Lo logrará?