El ex jefe del ejército Cristino Nicolaides fue condenado esta tarde a 25 años de prisión por el secuestro y desaparición de militantes montoneros entre 1979 y 1980, que habían regresado al país para organizar una "contraofensiva" contra la dictadura militar.

La condena la dictó el juez federal Ariel Lijo, al término de un juicio seguido a Nicolaides y a otros siete represores.

También fue juzgado el "Turco" Julián, quién será encarcelado por 23 años.

Además de Cristino Nicolaides, fueron condenados Luis Jorge Arias Duval, Santiago Manuel Hoya, Juan Carlos Gualco, Carlos Gustavo Fontana, Waldo Oscar Roldán, Pascual Oscar Guerrieri y Julio "El Turco Julián" Simón.

El fallo del tribunal coincidió con el pedido del fiscal federal Jorge Álvarez Berlanda quien pidió, junto a los familiares de las víctimas, que Nicolaides fuera condenado a 25 años de prisión por el delito de asociación ilícita y privación ilegal de la libertad, apremios y reducción a la servidumbre.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, aseguró minutos posteriores de conocido el fallo que "los represores deben estar en cárceles comunes".

Asimismo, el funcionario destacó que todavía falta encontrar información sobre la represión cometida durante la última dictadura porque "no es de fácil acceso en los organismos del Estado".

Los ex represores fueron procesados por los asesinatos de los militantes montoneros Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Ángel Carabajal, Lía María Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Tolchinsky.

De los militares sentenciados, el único que cumple prisión en un penal (Marcos Paz) es el "Turco" Simón, condenado a 25 años de prisión por el delito de torturas y desaparición forzada del matrimonio integrado por José Poblete y Gertrudis Hlaczyk.

Los imputados fueron juzgados por el sistema del viejo código procesal penal, en un procedimiento "mixto" que prevé el carácter público de las declaraciones testimoniales.

Nicolaides, un general de gesto hosco que alcanzó la jefatura del Ejército tras la derrota de Malvinas, se convirtió hoy en el primer jerarca de la dictadura militar en ser condenado por la justicia en los últimos 21 años.

La sentencia, que alcanzó también a los coroneles que comandaron el batallón de inteligencia 601, es la primera que se aplica a ex jefes militares "pesados" desde la condena a perpetua al extinto jefe de la policía bonaerense Ramón Camps, en 1986.

Después del fallo de la Suprema Corte de Justicia que en el 2005 anuló las leyes de punto final y obediencia debida, fueron juzgados y condenados a prisión perpetua dos policías y un sacerdote católico.

Esas condenas recayeron en el policía federal Julio Simón, un torturador conocido como "el Turco Julián" en los centros clandestinos de detención Club Atlético, El Banco y El Olimpo, y ahora también sentenciado, y en el jefe de inteligencia y mano derecha de Camps en la bonaerense, Miguel Etchecolatz.

También fue condenado el ex capellán de la policía bonaerense, Christian von Wernich.
El cuarto juicio fue contra el prefecto Héctor Febres, el encargado de las parturientas en la ESMA a quien la muerte con cianuro libró de una sentencia judicial que debería haber sido pronunciada el viernes pasado.

Pese a los hechos atroces revelados en esos juicios, la responsabilidad de Nicolaides y los coroneles de inteligencia del ejército en el diseño y ejecución del terrorismo de estado fue ostensiblemente mayor, dada su jerarquía en la estructura castrense.

Antes de convertirse en jefe del ejército e integrante de la última junta militar hasta el advenimiento de la democracia, Nicolaides había comandado su Tercer Cuerpo y los Institutos Militares con sede en Campo de Mayo.

En esa guarnición del ejército, la mayor del área metropolitana, funcionó un enorme centro de detención ilegal que acaso fue mayor que el famoso de la ESMA, en manos de la marina.

A su vez los coroneles retirados Jorge Arias Duval, Pascual Guerrieri, Juan Carlos Gualco, Carlos Fontana, Waldo Carmen Roldán y Santiago Manuel Hoya integraron con distintas responsabilidades el batallón de inteligencia que la Justicia consideró una "asociación ilícita" que ejecutó un plan criminal.

La unidad no sólo coordinaba todos los destacamentos de inteligencia y centros clandestinos del ejército, sino que articuló con los otros servicios de inteligencia de las dictaduras de la región a través del Plan Cóndor.

En 1981, cuando la posibilidad de un juicio era remota, Nicolaides se jactó públicamente de haber interrogado a algunos de los milicianos montoneros secuestrados por el batallón 601 en la denominada "operación murciélago".

Estos intentaban ingresar al país para la denominada "contraofensiva" de 1979/80 y terminaron en Campo de Mayo, donde desaparecieron.

El reconocimiento motivó en 1982 un habeas corpus presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), origen de la causa que recién ahora pudo llegar a juicio tras dos décadas en el freezer por las leyes de amnistía sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín bajo fuerte presión militar.

Durante una de las audiencias orales ordenadas por el juez federal Ariel Lijo se revelaron detalles del fusilamiento de uno de aquellos militantes, Ricardo Zucker, hijo del actor cómico Marcos Zucker, en el campo de fútbol de la unidad por orden de Nicolaides. Los restantes están desaparecidos a excepción de una sobreviviente radicada en España.

La condena a este ex jerarca y a los coroneles de inteligencia representa un escalón para el enjuiciamiento unos 250 represores con prisión preventiva, que en su mayoría gozan del privilegio de la detención domiciliaria que se concede a los criminales ancianos.