En medio del debate por el lugar de detención de los acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, que resurgió la semana pasada a partir de la misteriosa muerte del ex subprefecto Héctor Febres, la justicia federal ordenó trasladar hoy mismo a los presos en unidades militares por los crímenes cometidos en la ESMA a cárceles comunes.

El autor de la resolución es Sergio Torres. El fallo alcanza entre otros a Alfredo Astiz y a Jorge "El Tigre" Acosta y debe cumplirse hoy mismo, según confirmaron a LANACION.com fuentes judiciales, que precisaron que el fallo revoca una decisión del juez que iba en el sentido contrario.

Además de Astiz y Acosta, la decisión de Torres comprende a Antonio Pernías, Carlos Octavio Capdevila, Pablo García Velasco, Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González, Jorge Carlos Redice, Raúl Enrique Scheller, Adolfo Miguel Donda, Néstor Omar Savio, Víctor Francisco Cardo, Carlos José Pazo, Hugo Enrique Damario y Rogelio José Martínez Pizarro.

García Velasco y Juan Antonio Azic, internados en el Hospital Naval y la Clínica San Jorge, respectivamente, pasarán a ser custodiados por integrantes del SPF, de acuerdo a la resolución judicial.

El resto se encuentra alojado en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, donde, según Torres las prisiones preventivas se cumplían "adecuadamente", pero "ahora -remarcó el juez- dicho esquema ha perdido vigencia en función de los sucesos ocurridos recientemente" vinculados con la muerte de Febres.

Hace diez días, Febres apareció muerto en la celda que ocupaba en la localidad bonaerense de Tigre, una dependencia de Prefectura. La Justicia investiga la misteriosa muerte del ex militar, ocurrida cuatro días antes de que se conociera la sentencia en el juicio que se llevaba adelante por secuestros, torturas y casos de desaparición ocurridos en la ESMA.

Informes médicos revelaron la presencia de cianuro en el estómago de Febres. La Justicia indagó a su mujer y a sus dos hijos como sospechosos.

En el terreno político, la muerte de Febres provocó el desplazamiento del jefe de Prefectura, Carlos Fernández. Fue la primera decisión de la presidenta Cristina Kirchner que afectó al ámbito castrense.