En el marco de una investigación judicial sobre el Plan Cóndor -el acuerdo sellado por las dictaduras latinoamericanas para reprimir a opositores en la década del 70 y del 80-, la fiscalía de Roma dictó anteayer 140 órdenes de arresto contra los responsables de las juntas militares y de los servicios de inteligencia de la Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.

Entre otros implicados figuran el ex comandante en jefe del ejército durante la última dictadura argentina, Jorge Rafael Videla, y el ex responsable de la Marina, almirante Emilio Eduardo Massera (ya imputado aquí en otro juicio por la desaparición de tres ciudadanos italianos); además, el ex jefe de la junta militar uruguaya Juan María Bordaberry. Las acusaciones van desde el secuestro de persona hasta el homicidio plúrimo agravado.

En el marco de esta investigación -que lleva adelante la fiscal Luisanna Figliola por pedido del procurador Giancarlo Capaldo-, quedó arrestado el lunes en Salerno, ciudad del sur de Italia, el ex militar uruguayo Néstor Jorge Fernández Troccoli, de 60 años.

Acusado por la desaparición de cuatro italianos, Troccoli, capitán de navío y miembro de los servicios de inteligencia uruguaya, vivía en Salerno desde hace algunos años.

El ex militar uruguayo, que fue trasladado ayer a la cárcel romana de Regina Coeli, donde deberá ser interrogado mañana, también era requerido por la justicia de su país. Esta, de hecho, el 5 de diciembre último había pedido su procesamiento en el marco de una investigación denominada "El Goyo", relativa a la desaparición de unos treinta ciudadanos uruguayos que se habían escapado a la Argentina en 1978.

El abogado de Troccoli, Gastón Chavez, había justificado la ausencia de su cliente explicando que estaba fuera del país como marino mercante. Troccoli, que tiene pasaporte italiano, fue uno de los primeros miembros de la dictadura uruguaya que admitió que había practicado la tortura. En una carta al diario El País , publicada en 1996, sin embargo, negó haber causado alguna vez la muerte de un detenido.

La investigación sobre el Plan Cóndor de la magistratura romana comenzó en 1998 sobre la base de denuncias presentadas por familiares de ciudadanos de origen italiano desaparecidos en distintos países de América latina durante los años de represión de las dictaduras militares. Entre otros jerarcas de ese período, la investigación involucraba al ex dictador chileno Augusto Pinochet, fallecido el año último.

De las 140 órdenes de arresto sólo se pudo ejecutar la del uruguayo Fernández Troccoli. Los otros 139 destinatarios de la medida, en efecto, actualmente se encuentran en América latina, algunos de ellos en prisión. Se prevé, de todos modos, que en los próximos días el procurador Capaldo pida al Ministerio de Justicia local que inicie los trámites para comenzar la búsqueda de los indagados, para solicitar luego su extradición.

En los últimos años la justicia italiana celebró dos juicios -en ausencia- contra militares argentinos involcrados en la desaparición de ciudadanos ítalo-argentinos.

En sentencias consideradas "históricas", en el primer caso condenó a prisión perpetua -la pena máxima- a fines de 2000 a los ex generales Guillermo Suárez Mason y Martín Omar Riveros, junto a otros cinco ex miembros de la prefectura. Y en el segundo, en un juicio que culminó en marzo último, condenó a cinco ex miembros de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), entre los cuales Alfredo Astiz, Jorge Acosta y el recién fallecido ex prefecto naval Héctor Antonio Febres.

Todos estos fueron hallados culpables del secuestro, tortura y homicidio voluntario premeditado de tres ciudadanos ítalo-argentinos: Giovanni y Susana Pegoraro y de Angela María Aieta, madre de Dante Gullo.