El represor Héctor Febres fue asesinado para que no hablara sobre los violaciones a los derechos humanos cometidos por la última dictadura, según sostuvo la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, al responsabilizar por el crimen a los dos prefectos detenidos por el caso.

En su resolución, la magistrada consideró que los efectivos -Angel Volpi y Rubén Iglesias- prestaron una colaboración "activa y deliberadamente orquestada" para el crimen.

Y aseguró que buscaban "hacerlo sentir parte de la Prefectura, dándole los privilegios necesarios que evitaran que traicionara el pacto de silencio con los responsables de los delitos cometidos en la ESMA".

"La ingesta del tóxico que produjo la muerte por envenenamiento de Héctor Antonio Febres no fue querida por el nombrado, es decir que no obedeció a un acto conciente de su parte. Con ello debe descartarse de plano el suicidio", expresó la jueza en la resolución.

De acuerdo con la jueza, el entorno de Febres sabía que "su gran malestar era con la Armada", ya que el represor consideraba que "lo habían dejado solo y entregado a la Justicia".

Al respecto, señaló que tanto Volpi como Iglesias se habían encargado de "monitorear" el estado de ánimo del detenido y su predisposición a hablar ante los juicios en su contra.

Precisamente, quedó acreditado que, sin que quedara ningún registro, Febres había sido visitado al menos en una oportunidad por un hombre que tenía aspecto de "policía o militar". Y que su objetivo fue intimidarlo para que "guardara silencio respecto de aquella información sensible que fuera de su conocimiento".

Con esos argumentos, la jueza decidió sobre el filo de esta madrugada el procesamiento de los prefectos Volpi e Iglesias como partícipes necesarios en el homicidio triplemente agravado de Febres y autores de abuso de autoridad, tras lo cual les fijo sendos embargos de cinco millones de pesos.

También resolvió dejar en libertad a los hijos de Febres, Ariel y Marcela; y a su viuda, Stella Daris Guevara, aunque quedaron procesados por encubrimiento por agravado y embargados con tres millones de pesos cada uno.

Según la causa, aunque frente a sus familiares intentaba disimular, Febres estaba "inestable emocionalmente y angustiado" por las causas que tenía en su contra. Además, le preocupaba gravemente ser trasladado a la cárcel de Marcos Paz.

Pero más allá de esa circunstancia y el decaimiento que le generó el embargo de una caja de ahorro y el futuro económico de su esposa, la jueza sostuvo que "no estaba instalado en el ánimo de Febres la idea de considerar el suicidio", no sólo por su personalidad sino por su formación castrense.

Aunque por ahora no pudo establecer quién fue el autor material, el fallo sostiene que "tanto Volpi como Iglesias han realizado un aporte tal, dentro del quehacer criminal que concluyó con la vida de Héctor Febres, sin el cual dicha faena no se hubiera podido consumar".

A las dificultades planteadas en una investigación por "muerte en custodia", dijo la jueza, "nos encontramos con las insólitas irregularidades derivadas de una guardia y custodia harto inusual que ha puesto en extrema vulnerabilidad al detenido Febres".