Un acuerdo contrarreloj entre el macrismo y la Coalición Cívica permitió hoy destrabar la intervención de la obra social de los municipales, decretada por Mauricio Macri el miércoles pasado pero rechazada esta mañana por un fallo judicial.

Mediante ese acuerdo, la Legislatura porteña aprobó esta tarde un proyecto de ley que faculta a Macri a intervenir por 180 días corridos la Obra Social de los Empleados de la Ciudad de Buenos Aires (OBSBA) para "desregular y reconvertir" a la entidad.

El proyecto fue aprobado con 33 votos a favor, cuatro en contra y la ausencia del kirchnerismo, siete horas después de una resolución judicial que frenaba la intervención por considerarla inconstitucional, en base a un recurso de amparo presentado por el gremio municipal.

Los votos a favor fueron de los seis legisladores de la Coalición Cívica y 27 del macrismo, en tanto los sufragios en contra fueron de Martín Hourest; Liliana Parada; Patricia Walsh y Julián D`Angelo.

Mediante la ley aprobada hoy, se facultó al Poder Ejecutivo a intervenir la OBSBA a fin de dar cumplimiento a la ley 472 que autoriza a los afiliados a ejercer la libertad de elección de su obra social.

Se establece además que el interventor convocará a la Auditoría General de la Ciudad a efectuar los controles de gestión que le son propios y a informar cada 90 días a la Legislatura a contar desde el comienzo de la gestión.

Asimismo el interventor elaborará informes de gestión que también elevará a la Legislatura, agrega el texto de la iniciativa.

También dispone que se cree una Comisión Interdisciplinaria para que en 120 días corridos se elabore y presente un proyecto de reorganización de la obra social.

Este punto fue uno de los ejes del acuerdo por el cual la Coalición Cívica prestó quórum al PRO para sesionar.

En el artículo 3, se indica que esa comisión estará integrada por 5 miembros del Poder Ejecutivo; 5 de la Legislatura y 5 de las organizaciones gremiales reconocidas en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

En el proyecto de reorganización de la entidad la comisión deberá disponer que los afiliados puedan ejercer la libertad de elección de su obra social.

Al mediodía, la resolución de la jueza del fuero Contencioso Administrativo, Elena Liberatori, que aceptaba el recurso de amparo de SUTECBA (gremio municipal) y prohibía la intervención, había crispado los ánimos del gobierno porteño.

Desde ese momento, se iniciaron febriles negociaciones con la Coalición Cívica y Macri y sus principales funcionarios se abocaron a definir cuál era la mejor estrategia para desarticular el alcance de la medida judicial y avanzar con la intervención.

Incluso, los legisladores de PRO llegaron a analizar la posibilidad de iniciar juicio político a Liberatori, en caso de comprobar una versión que dio cuenta de que la jueza se había reunido con dirigentes de la oposición antes de fallar en contra de la intervención de Obsba.

Finalmente los ánimos se apaciguaron y el macrismo decidió apostar a lograr su primer acuerdo importante con la Coalición Cívica y, en vez de llevar al recinto el decreto de Macri, llevó al recinto una iniciativa consensuada, en vez del decreto.

Entre ambos bloques fue elaborado un proyecto de ley que respetó las aspiraciones del gobierno, pero incluyó condiciones impuestas por el bloque que lidera Enrique Olivera.

La norma establece que será creada una comisión interdisciplinaria que en 120 días corridos deberá tener elaborado un proyecto de reorganización de la obra social, en el que estén garantizados los servicios.

Olivera explicó que los legisladores que responden a Elisa Carrió apoyan la intervención de la obra social para avanzar en su desregulación, como establece la ley 472 de la ciudad, aunque remarcó que se piden garantías de que no se afectará el servicio a quienes decidan permanecer en ObSBA.