La Justicia volvió a trabar hoy la intervención de la obra social de los municipales (OBSBA) dispuesta por el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, pese a que la Legislatura había avalado esa medida la semana pasada.

En medio de una compulsa sin fin entre el gremio estatal Sutecba y el Ejecutivo porteño, la jueza en lo contencioso administrativo Elena de Liberatori volvió a dictar una medida cautelar y dejó sin validez la intervención plena de ObSBA asumida hoy por el macrista Jorge Rey.

Ante un nuevo planteo presentado por el abogado de la obra social Andrés Gil Domínguez, Liberatori sostuvo que debe seguir vigente el actual directorio de la obra social y que la figura del interventor sólo está legitimada para lo que se refiera a la tarea de desregulación de ObSBA.

Liberatori, según explicó a Télam el abogado Gil Domínguez, sostuvo en su decisión que debe suspenderse la aplicación del decreto 20/2008 de intervención de la obra social.
Para la juez, el directorio actual tendrá que seguir en funciones en lo que implique el gobierno de la obra social, ya que la ley 26037 aprobada en la Legislatura porteña sólo facultó a Macri a iniciar el proceso de desregulación.

"Asumió en un clima de calma y normalidad", había asegurado esta mañana el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, sobre la llegada de Rey a la obra social, y había reafirmado que el objetivo central de la intervención apunta a "dar un buen servicio a los 120 mil empleados de la ciudad, a sus familias y a los jubilados".

En tanto, el secretario de Prensa de Sutecba, Enrique Pistoletti, insistió hoy con que el gremio continuará "en el fuero judicial" la discusión de la intervención, pero aclaró que no se obstaculizará la tarea de Rey en la ObSBA.

"Hay que reconocerlo y dejarlo pasar porque hay un decreto del gobierno porteño que sucedió a una ley... Pero la intervención la vamos a discutir en sede judicial.

No vamos a hacer como en el `far west`", señaló el sindicalista. De igual forma, Tonelli volvió a cuestionar el primer fallo judicial por entender que el "error esencial de la jueza es pretender sustituir el criterio del jefe de gobierno por el de ella".

"No es razonable; es algo que los jueces no deben ni pueden hacer; ellos pueden decir si algo es legal o ilegal, constitucional o inconstitucional, pero no si había una medida mejor o peor", explicó.

En este marco, el Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba) presentó el viernes último una intimación ante la Procuración, en la que pidió que "se deje sin efecto" la intervención.

En el escrito, consideró que "no hay motivos suficientes para la intervención" y planteó la "inconstitucionalidad del artículo 37 de la ley 472".

La ley 472, de creación de la OBSBA, dispone que su directorio debía encarar el proceso de adhesión al sistema nacional de obras sociales, que liberaba a los afiliados, antes del 1 de enero de 2003, algo que finalmente no concretó.

Sin embargo, Sutecba recordó que existe una "medida cautelar firme y consentida por el gobierno de la Ciudad, dictada por el juzgado federal de seguridad social 7, que suspende los efectos del artículo 37 de la ley 472".

"Es una presentación sin ningún tipo de consistencia jurídica; una opinión particular de Sutecba respecto de la situación", opinó Tonelli.