25 de abril de 2024
Seguinos en
Últimas notas de Información general
Últimas noticias
La Justicia porteña castigará a quienes corten las calles
La idea es sancionar a manifestantes que realicen piquetes, pero también a los jefes gremiales. El fiscal Garavano aclaró: "No queremos criminalizar la pobreza"
15 de enero de 2008
Los fiscales se proponen hacer cumplir así una norma según la cual las marchas se permiten sólo sin han sido anticipadas a las autoridades. “Vamos a hacer un cambio en el abordaje del problema. Vamos a ir contra los responsables, los líderes de las organizaciones, contra los que arman estas marchas”, dijo Garavano a LA NACION.
La intención del jefe de los fiscales porteños es modificar el escenario de cortes y piquetes que afectan la circulación vehicular por la ciudad, una modalidad de protesta que se ha hecho cotidiana y que suele provocar verdaderos caos de tránsito, especialmente en el centro de la ciudad.
Garavano, quien llegó a su cargo con el apoyo del macrismo, actúa con el aval político del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. De hecho, hace 10 días, cuando se reunió el Consejo de Seguridad porteño, con la participación de diputados de la Capital y del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Guilermo Montenegro, le transmitió a Garavano el respaldo de Macri, que más que un apoyo fue una exhortación a que trabaje sobre el problema, dijeron a LA NACION asistentes al encuentro.
Macri ha dicho que “el atropello a los vecinos no es el canal de diálogo de una sociedad civilizada” y destacó la necesidad de recuperar la institucionalidad. Destacó: "Nunca nos vamos a sentar a negociar con nadie en esas condiciones".
El artículo 78 del Código Contravencional de la ciudad establece que "el ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención. A tal fin deberá, con razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto del ordenamiento" de las manifestaciones. También contempla sanciones que van desde la imposición de hasta 5 días de trabajos comunitarios hasta el pago de 1000 pesos de multa.
Mientras trabaja en chomba y mocasines durante el verano, en la feria judicial, una modalidad que de a poco quiere inculcar en el resto de los fiscales, Garavano explicó que el antecedente que llevó a enjuiciar a 11 sindicalistas de la Uocra, incluido el secretario general del gremio en la Capital, Rubén Pronotti, es parte del cambio de esquema.
En ese caso se impuso a los gremialistas pintar cinco escuelas de barrios necesitados de la ciudad; facilitar al gobierno porteño las inspecciones en las obras en construcción, para lo cual la Seccional Capital de la Uocra deberá ofrecer al gobierno movilidad, padrones y equipos técnicos; dar clases en colegios primarios y secundarios sobre prevención y seguridad laboral en la construcción, y abstenerse de realizar cortes en las calles sin previo aviso.
En esta causa también está imputado el secretario general del gremio a nivel nacional, Gerardo Martínez, pero la fiscal de la causa, Genoveva Cardinali, aún no resolvió su situación. Patrocinado por el abogado Pablo Argibay Molina, Martínez presentó un escrito que dice que no es responsable de la organización de los 39 cortes sorpresivos, cuestión que evaluará la Justicia.
La propuesta de Garavano es que el cambio de enfoque también llegue a la persecución de otras contravenciones, como la venta ambulante, la oferta de sexo o la acción de los cuidacoches, para investigar si hay organizaciones detrás de sus actividades y así dar con ellas y castigarlas.
"No queremos criminalizar la pobreza, sino castigar a los que se valen de esta gente para ganar", dijo Garavano, quien pretende que la Legislatura le dé los recursos para formar una pequeña policía judicial que avance en este sentido.
En la ciudad hay actualmente 24 fiscalías contravencionales, pero Garavano proyectó una ampliación importante para llegar a las 49, junto con la creación de oficinas de orientación y denuncia en 15 puntos de la ciudad.
Respecto de los cortes de calles, recordó que está vigente una instrucción general de José Luis Mandalunis, su antecesor en el cargo como fiscal general de la ciudad, quien había indicado a los fiscales que debían intervenir en estos casos, y si la Policía Federal, que depende del Poder Ejecutivo Nacional, decide no actuar, alegando que tienen una orden del poder político de no intervenir, deben dejar constancia de ello en el expediente contravencional.