El Gobierno de la Ciudad anuló 2.500.000 multas de tránsito. Son las que ya estaban prescriptas, pero como aún figuraban en el sistema informático, la gente iba a pagarlas y luego se enteraba de que no debía abonar nada.

De esta forma, la Comuna busca aliviar de trabajo a la Unidad Administrativa de Control de Faltas, que está colapsada. Y en definitiva, termina por blanquear una situación: que el sistema de sanciones contra las violaciones de las normas de tránsito funciona mal.

A la medida la decidió el Ministerio de Seguridad y Justicia. Las 2.500.000 infracciones representan el 43% del total, unos 7.000.000. Son las que se cometieron hasta enero de 2006. Como ya se había cumplido el año de prescripción, automáticamente habían caducado.

Cuando se conoció la noticia, hubo varias horas de incertidumbre. Es que, por como fue comunicada la decisión gubernamental, se entendió que en realidad se trataba de un perdón a multas aún vigentes. Pero el subsecretario de Justicia, Daniel Presti, le explicó a Clarín: "No se trata de una amnistía o moratoria porque eran infracciones vencidas que de todas formas no íbamos a cobrar, por eso tampoco implican una pérdida económica para el Estado".

Más allá de esto, lo cierto es que con esta medida administrativa el Estado no hace más que reconocer que, por su propia ineficacia, hay millones de infracciones que se pierden en la nebulosa. De hecho, la Ciudad cobra menos del 30% de las multas.

Esta ineficiencia trae dos tipos de consecuencias negativas. La primera, económica: al dejar que las multas caigan, la Ciudad se pierde de recaudar millones de pesos.

Además, el Gobierno les paga a las empresas de fotomultas $ 6,30 por cada infracción que detecten (son hasta 300.000 por mes, principalmente por mal estacionamiento). Si luego no las cobra, pierde plata.

El segundo problema viene por el lado de la seguridad vial. Si no se castiga a los infractores, pierde sentido el control en la calle y triunfa la impunidad.

Ahora, ¿por qué se llega a este problema? Porque el sistema de sanciones funciona mal. En primer lugar, muchas veces las actas están mal elaboradas por la Policía. Luego, los tiempos del Estado son muy lentos, se pasan los plazos y las actas caen.

Y hay otro factor: las multas se hacen "a citar", no se toman los datos del conductor en el momento de la falta, sino que se anota la patente y luego se envía la boleta a su domicilio. Como muchas veces las direcciones son incorrectas, las notificaciones no llegan. Y entonces se pasan los dos años y la multa cae.

Por eso, actualmente la mayoría de los infractores ni se molesta por pagar. Sólo lo hacen dos tipos de personas: los muy responsables, que según el Gobierno es el 5% de la gente, o aquellos que precisan la constancia de libre deuda para vender su auto o renovar el registro de conductor.

Eduardo Bertotti, director del Instituto de Seguridad y Educación Vial, opinó: "Jurídicamente es entendible que eliminen las multas prescriptas. Pero el tema es que, sin sanción, los controles de tránsito son una burla. Es necesario hacer más eficiente el sistema, contratar más controladores de faltas y que al momento de la infracción se identifique al conductor, que no sólo se envíen las multas por correo".

En el Gobierno aseguran que mejorarán el sistema. Por un lado, contaron que están haciendo un relevamiento de todos los pasos que se cumplen desde que un policía labra una acta hasta que se la cobra o no, para agilizar los tiempos. Además, deberán relicitar los contratos de las empresas que labran fotomultas: la idea es que ya no se ocupen del mal estacionamiento sino de las infracciones graves, como cruzar en rojo o exceder la velocidad.

Por otra parte, está pendiente la mudanza de la Unidad de Faltas, que pasaría de Carlos Pellegrini 211 a un edificio más grande en la calle Perón, cerca de la estación Once. Esa mudanza había sido anunciada por el Gobierno de Jorge Telerman hace más de un año, y si bien se está pagando el alquiler, nunca se concretó.