En una nueva embestida contra Shell -con la que mantiene una tensa relación desde hace dos años-, el Gobierno decidió constituir una "caución real" en favor del Estado -por 66 millones de pesos- sobre la destilería de la petrolera en Dock Sud.

Esa caución -impuesta sobre la base de incumplimientos en la Ley de Abastecimiento- se va a instrumentar mediante una hipoteca que suscribirán el escribano mayor del Gobierno y un representante de la petrolera.

Sgún fuentes oficiales, la caución "se inició por la falta de un normal abastecimiento del mercado y también por la decisión de la petrolera de no retrotraer los precios" al 31 de octubre del año pasado, como lo hicieron el resto de las petroleras del mercado.

Además, la medida, según las mismas fuentes, se tomaron teniendo en cuenta las multas "planas" que tiene en vigencia la petrolera por 66 millones de pesos.

Consultados sobre el tema, voceros de Shell prefirieron no hacer declaraciones sobre la embestida oficial.

En tanto, otras fuentes del sector apuntaron, respecto de la actitud que adoptó la petrolera al no bajar los precios, que "existe una resolución vigente, según la cual los precios del mercado están desregulados, es decir, que son libres", insistieron.

La cuita del Gobierno contra Shell eclosionó al comenzar el año, cuando el Gobierno decidió suspender las exportaciones del sector, hasta tanto se normalizara el abastecimiento y hasta que las petroleras retrotrajeran los precios al 31 de octubre del año anterior. En ese lapso, las subas fueron de alrededor del 15%, en promedio. Fue entonces cuando Repsol YPF, Petrobras y luego Esso bajaron los precios y consiguieron liberar sus exportaciones. En cambio Shell, al mantener sus surtidores sin variantes, no obtuvo la autorización para exportar.

A partir de ahí, "no hubo ningún cambio", según confiaron fuentes allegadas a la petrolera. Sin embargo, el Gobierno preparó esta nueva medida contra la petrolera.

Ayer, un cable de la agencia oficial Télam recordó que "durante los primeros meses del año pasado, la Secretaría de Comercio Interior aplicó a Shell 36 multas de un millón de pesos cada una, tras haber detectado faltante de combustibles en las estaciones de servicio". Esas multas fueron recurridas ante la Justicia por la petrolera.

Otro capítulo de la conflictiva relación transcurrió en setiembre de 2006, cuando el Gobierno la obligó a retirar del mercado una nueva fórmula diésel que Shell había presentado en el mercado, argumentando que no había solicitado la aprobación del producto.

Ese producto, identificado como V-Power Diesel, fue presentado con un valor superior al de mercado. La petrolera fue conminada, entonces, a retirar el producto de la venta y también recurrió a la Justicia por este tema.

Además, en octubre del año pasado, la Secretaría de Medio Ambiente clausuró la refinería de la compañía en Dock Sud, alegando que había detectado distintas formas de contaminación y que la empresa utilizaba agua sin la correspondiente autorización.

En esa oportunidad, tras siete días de clausura, Shell presentó un plan de saneamiento de las zonas contaminadas y un cronograma de inversiones para mejoras ambientales por 60 millones de dólares. Con lo cual, el Gobierno levantó la clausura.

La puja del Gobierno con la petrolera se remonta al año 2005, cuando la venezolana PDVSA, asociada a la local ENARSA, intentó, sin éxito, comprar la compañía.

Luego vino el famoso "boicot" a la empresa convocado por el entonces presidente Néstor Kirchner por una suba de precios, cuando recomendó a los consumidores no comprarle a Shell "ni una lata de aceite".

Ahora, el nuevo capítulo oficial contra la petrolera "rebelde" es aplicarle una caución a la empresa que, con una facturación anual de unos $ 5.200 millones, controla a nivel nacional el 12,5% del expendio de gasoil y el 19% de naftas.