Argentina se presenta este martes ante la Corte Internacional de la Haya a través de un escrito judicial denominado réplica, en una causa iniciada ante ese tribunal por la violación del tratado de Río Uruguay, que fija los derechos y responsabilidades de ambos países respecto de ese recurso compartido.

El 14 y 16 de febrero de 2006, el canciller Jorge Taiana solicitó el apoyo legislativo para la puesta en práctica del procedimiento de solución de controversias previsto en el artículo 60 del estatuto del Río Uruguay, que data de 1975.

Es, precisamente, la violación reiterada por parte de Uruguay de este tratado bilateral lo que constituye el núcleo del planteo argentino ante el tribunal con sede en la ciudad holandesa.

En la asamblea legislativa del 10 de diciembre pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner planteó que "esta situación que hoy atravesamos no nos es imputable, porque más allá de medidas que muchas veces podemos no compartir, lo cierto es que nosotros nos hemos presentado en la Corte Internacional de La Haya porque se ha violado el Estatuto del Río Uruguay al instalar las pasteras".

El planteo argentino ante La Haya hará hincapié en los distintos incumplimientos al mencionado tratado por parte de Uruguay: al autorizar el proyecto de Botnia, el proyecto de ENCE, al aprobar el puerto desde el cual Botnia envía su producción, al autorizar la extracción de agua que Botnia realiza del río Uruguay y la terminal ONTUR en Nueva Palmira, entre otros hechos.

La presentación argentina remarcará que Uruguay no cumplió con el mecanismo de información y consulta previa que los dos países deben respetar respecto de toda obra que proyecten de entidad suficiente para afectar la navegación, la calidad de las aguas o el régimen del río en tanto recurso compartido.

Asimismo, el escrito argentino apuntará a señalar las consecuencias en el medio ambiente que provoca la planta de Botnia, considerando que la envergadura del proyecto, que prevé la producción de un millón de toneladas anuales, no reconoce antecedentes en el mundo.

Argentina solicitó reiteradamente, a distintos niveles, que Uruguay cumpla con el estatuto del río Uruguay.

Ante el fracaso de estos esfuerzos en el ámbito de la Comisión Administradora del Río Uruguay, nuestro país encaró negociaciones a través del Grupo de Alto Nivel que se reunió por espacio de seis meses, entre agosto de 2006 y enero de 2007, alternativamente en Buenos Aires y en Montevideo.

La negativa uruguaya a brindar la información requerida sobre aspectos sustanciales de las plantas proyectadas, incluyendo las razones de la localización elegida unilateralmente para las mismas, motivó el fracaso de esta instancia negociadora.

Teniendo en cuenta las preocupaciones y reclamos de las comunidades argentinas particularmente afectadas por los proyectos, y lo solicitado por el gobierno de la Provincia de Entre Ríos en febrero de 2006, el gobierno nacional planteó al Congreso de la Nación la necesidad de recurrir a la Corte Internacional de Justicia.

Esta iniciativa fue apoyada por ambas cámaras parlamentarias.

Asimismo, más allá de la instancia de La Haya, Argentina buscó otras alternativas de diálogo con Uruguay, solicitando a España el proceso de "facilitación", que se vio interrumpido cuando Uruguay dio instrucciones para la puesta en marcha de Botnia.