El paro agropecuario se levantó no como consecuencia del acto peronista del martes en Plaza de Mayo, sino a pesar de ese acto. La movilización del justicialismo estuvo, más bien, a punto de arruinar el intenso trabajo interno de disuasión que venían haciendo los dirigentes agropecuarios desde anteayer.

El Gobierno cometería otro grave error si valorara la suspensión de la medida de fuerza dispuesta ayer como una victoria propia o si considerara a los productores rurales un ejército vencido.

La precisión de la mirada, la selección de las palabras y la prudencia de los actos serán elementos cruciales en los próximos días para resolver, o no, el conflicto más largo que hayan protagonizado los sectores del campo.

Los productores y sus dirigentes se han encontrado, por primera vez en muchas décadas, con un amplio apoyo social, aun cuando gran parte de la sociedad comenzaba a sentir las consecuencias de la escasez y el de- sabastecimiento.

Precisamente, el temor a perder ese respaldo social si seguían vacías las góndolas y las carnicerías es lo que llevó a los dirigentes rurales a abrir una tregua de un mes. Un eventual cambio en el humor social era, en efecto, una posibilidad cierta si se profundizaban las carencias colectivas.

El presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens, anticipó el mismo lunes, pocas horas después del más conciliador de los discursos presidenciales, que se dedicaría exclusivamente en las 48 horas siguientes a calmar los espíritus de los campesinos y a buscar una pausa en el conflicto. Es lo que él y sus pares de las otras organizaciones rurales lograron ayer. Pero antes, el martes, la Presidenta calificó a todos los dirigentes agropecuarios de golpistas.

El Gobierno parece a veces flagelado por sus propias deducciones. El paro agropecuario -y su criticable metodología de cortar las rutas- fue siempre una decisión que rebasó a los dirigentes del sector después de los primeros dos días de protesta. Creer que esa huelga fue una decisión de unos pocos, tomada mientras fumaban habanos en elegantes salones, significa una visión conspirativa sin ningún lazo con la realidad. No se puede explicar de otra manera que se haya vinculado a este paro con un lockout de hace 32 años. Muchos de los productores que pararon o que estaban en las rutas ni siquiera habían nacido entonces.

El problema vuelve, en definitiva, al lugar de donde nunca debió salir: una mesa de negociación entre los funcionarios de un gobierno legítimamente elegido y los dirigentes de un sector decisivo de la economía, también legítimamente elegidos por los afiliados de sus organizaciones. La solución, vale la pena recordarlo, nunca saldrá de un diálogo enfurecido y distante entre la Plaza de Mayo y Gualeguaychú. Es hora ya de que la Argentina abandone el estado de asamblea, porque frente a la multitud, sea cual fuere su extracción, no importa resolver el problema, sino conformar a un público sediento de agresiones.

La primera conclusión a la que debe llegar el Gobierno es que se equivocó en la forma y en el fondo. La propia Presidenta aseguró en uno de sus discursos que el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, había llamado a las entidades agropecuarias el 12 de marzo para discutir el aumento sideral de las retenciones, y su conversión en un gravamen móvil, decidido el 11 de marzo.

¿Por qué ese llamado no se hizo el 10 de marzo, para evitar que los dirigentes se enteraran por los diarios? ¿Por qué los dirigentes rurales fueron segregados de la convocatoria al Salón Blanco de la Casa Rosada, el lunes último, cuando fueron invitados dirigentes empresariales del sector bancario e industrial? ¿Acaso se han convertido en enemigos definitivos que no merecen ni un gesto de cordialidad? Toda negociación de pacificación necesita de un clima previo propicio para la pacificación. Es la condición de cualquier negociación. El del lunes fue el discurso más dialoguista de la Presidenta, pero sus actos iban en el sentido contrario.

Hay algo más condicionante del diálogo. Es la historia. El trigo y la carne han pasado a ser las actuales estrellas del firmamento oficial en detrimento de la soja, considerada por funcionarios oficiales una "plaga". El problema es que ya en otros tiempos hubo embestidas oficiales contra la carne, contra el trigo o contra la leche. El Gobierno parece perseguir, simplemente, al sector agropecuario que es más rentable. O lo convierte en inviable, como pasa ahora con la leche, o le vacía los bolsillos, como sucede con la soja. Un plan para resolver todos esos conflictos no se diseñará en asambleas, ya sean peronistas o ruralistas.

El conflicto deja también a algunos funcionarios heridos. Los dos primeros son el ministro de Economía, Martín Lousteau, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Lousteau fue criticado en reserva por muchos funcionarios y legisladores por su estrategia de anunciar primero las medidas sobre las retenciones y convocar luego a la negociación; subrayó siempre que lo que había resuelto no sería cambiado nunca. ¿Qué negociación podía abrirse en tales condiciones?

Moreno colmó la paciencia de lecheros, ganaderos, horticultores, sojeros y campesino de cualquier condición. Entre los productores encontró también uno de los pocos límites con los que se topó en su vida de jactancias.

El alarde de una supuesta victoria oficial no sólo sería un error político, sino también un pavoneo sin justificaciones. A lo largo del enfrentamiento con el campo, el Gobierno sacrificó inmensos caudales de simpatía popular en las encuestas y perdió torrentes de prestigio internacional. La permanente exhibición de dirigentes oficialistas como Luis D Elía y Hugo Moyano liderando fuerzas de choque en la Capital y en las rutas será un precio político muy caro que la administración irá pagando en interminables cuotas. Por encima de lo que dice y hace en público, el Gobierno no ignora que el proceso del conflicto le agrietó seriamente la adhesión en los propios bloques oficialistas del Congreso y que debió recurrir a una rígida cuerda para sujetar en la disciplina a muchos gobernadores kirchneristas. No pudo con todos.

El Gobierno tenía, en última instancia, los mismos límites que reconocían los dirigentes agropecuarios, aunque esos límites hayan sido de otra naturaleza. Alguno de los dos tenía que dar un paso hacia la distensión. Correspondía que no fuera el Gobierno el que lo diera, sino los dirigentes sectoriales. Así fue. Pero eso no es una victoria, sino la simple construcción de un umbral nuevo, de otro comienzo.