El gobierno resolvió ayer reglamentar el sistema de Acceso a la Información Pública que el propio Néstor Kirchner había lanzado por decreto a tres meses de asumir la presidencia, complicando así un procedimiento que hasta ahora había servido, por ejemplo, para conocer la verdad sobre lo que había sucedido en el Ministerio de Economía en torno al escándalo del Caso Greco.

Ahora el gobierno, según publicó el diario Ambito Financiero, mediante una resolución conjunta de la Secretaría de Gabinete y Relaciones Parlamentarias y la Fiscalía de Control Administrativo, estableció que la Oficina Anticorrupción será el órgano encargado de aceptar o no las quejas por funcionarios que se nieguen a informar y hasta podrá desecharlas.

El resultado es que ante el silencio del Estado, a la oposición o cualquier ciudadano le será más difícil llegar a la Justicia para exigir la apertura de archivos, al contrario de lo que sucedió hasta ahora.

El procedimiento de Acceso a la Información había sido aprobado por Kirchner mediante el decreto 1172/2003. Así agilizó el proceso para que cualquier ciudadano pudiera acceder a información reservada del Estado con la posibilidad de denunciar ante la Oficina Anticorrupción o inclusive a la Justicia al funcionario que se negara a brindar los datos requeridos.

El sistema comenzó a ser utilizado poco después por la oposición en el Congreso, cansada de que ningún pedido de informes fuera tratado en los recintos.

El radicalismo terminó haciendo del decreto un arma que complicó al gobierno en varias oportunidades. Por ejemplo, mediante la libertad de información que estableció el 1172, se denunció al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por no haber informado al Senado el destino y la justificación de un incremento de $ 300 millones en subsidios a empresas y al sindicato del transportea fines de 2006. En esos mismos días, los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz, lo usaron para intimar a Felisa Miceli a que diera explicaciones sobre su decisión de pagar $ 578 millones por deudas con los ex integrantes del Grupo Greco, cómo aprobó el ministerio de Economía esa liquidación y los procedimientos que adoptaron los abogados defensores del Estado en esa causa.

Todos esos procedimientos, a los que luego se sumaron otros similares por obras públicas, subsidios y firma de DNU, se basaron precisamente en las reglamentaciones sobre Acceso a la Información Pública, que aprobó Kirchner en 2003.

El régimen que instauró el ex presidente es puntilloso al límite de fijar el modelo de planilla para registrar las audiencias que otorgan los funcionarios a particulares, empresas o representantes políticos.

Si una vez cumplido el plazo de 10 días, la información no hubiera sido brindada a quien la pidiere -un legislador, ONG o particular-, se habilita la denuncia del funcionario ante la Oficina Anticorrupción y la presentación de una Acción de Amparo ante la Justicia. En el Caso Greco, una orden de la Justicia obligó al Ministerio de Economía, en épocas de Miguel Peirano, a entregar toda la documentación administrativa sobre el camino que la demanda de los Greco-Bassil había recorrido dentro de esa cartera.

El problema ahora es que el gobierno decidió reglamentar el "Procedimiento de Tramitación de las Denuncias por Incumplimiento de las Obligaciones Previstas en el Reglamento General de Acceso a la Información".

Es decir, la Casa Rosada decidió no modificar el decreto de Kirchner, pero sí complicar el trámite de protesta ante el incumplimiento de un funcionario.

Por eso se estableció que las denuncias por falta de información deberán ser presentadas exclusivamente ante la Oficina Anticorrupción acompañando documentación que incluye hasta la respuesta negativa de quien debió haber informado, algo casi imposible de conseguir.