Según datos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, sobre la base de información suministrada por el propio Indec, el organismo tiene hoy 848 contratados y 800 en planta permanente (en esta categoría se suman también los trabajadores de la planta transitoria, porque tienen garantizada la estabilidad en sus puestos). Este dato se torna más que sospechoso, teniendo en cuenta que el abultado número de empleados llegó de la mano del polémico Guillermo Moreno.

Si bien no hay datos oficiales, la denuncia vino desde los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Aseguran que entre 250 y 300 de los contratados habrían ingresado desde que comenzó la intervención de Moreno, en enero de 2007, para cumplir funciones que ya estaban asignadas a otros empleados del organismo. "Quieren desmantelar el Indec por inundación", dijeron en ATE al diario LA NACION.

Las irregularidades en los nombramientos son aún más graves a nivel de la cúpula. De las 34 direcciones ejecutivas del Indec, ninguna está ocupada por un funcionario concursado y con mandato vigente (13 tienen plazos vencidos, 7 son designaciones transitorias, 7 están a cargo de otros funcionarios y 7 están vacantes).

LA NACION intentó conocer la opinión del Indec, pero los voceros de la directora Ana María Edwin prefirieron no expresarse sobre el tema.

"Este es un organismo eminentemente técnico y hay una serie de procesos que deberían respetarse para contratar personal y asignar cargos. Pero hoy está en una situación anárquica y de caos orgánico, por lo que no está en condiciones de generar estadísticas confiables", dijo a LA NACION Eduardo Mondino, defensor del Pueblo, quien a comienzos de mes dictó una resolución para pedirle al ministro de Economía, Carlos Fernández, que normalice el Indec.

La resolución también le "recuerda" a Edwin sus deberes de funcionaria pública y le pide a Fernández que "evite la intromisión" en el Indec de organismos ajenos a su estructura, como es el caso de la Secretaría de Comercio Interior. Mondino dijo a al diario que si el Ministerio de Economía y el Indec no responden favorablemente a su solicitud, se verá "en la obligación de denunciarlos por incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Además, considera que la modalidad utilizada para reclutar personal viola la ley marco de regulación del empleo público (la ley 25.164) y advierte que la situación irregular de los directores conduce a una falta de estabilidad en el cargo "que puede ser limitada discrecionalmente por la autoridad designante".

En 2007, uno de esos contratados fue Hernán Brahim (el ayudante de Moreno que causó un revuelo cuando fue al Senado). Además, denunció que los nuevos empleados, para ser aceptados, primero deben firmar una ficha de afiliación a la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio mayoritario en el Indec, vinculado políticamente a Moreno y opositor a ATE.

Desde la UPCN negaron ese hecho y calificaron como "una mentira absoluta" los números difundidos por Mondino. "Desde principios de año pasado hemos pasado a la planta transitoria a más de 450 compañeros", dijo Damián Comas, delegado de la UPCN, una organización que -a diferencia de ATE- no cuestiona los índices oficiales de inflación. "Hoy sólo quedan 40 o 50 contratados."

Esos 450 trabajadores se encuentran bajo la llamada "resolución 48", que les otorga los beneficios de un empleo en blanco, pero los obliga a renovar contrato cada seis meses o un año. El informe de la Defensoría del Pueblo consigna que son 541 los trabajadores en esa categoría, pero los incluye dentro de los 848 empleados temporarios (los otros 307 están contratados por vía de terceras instituciones), de ahí la diferencia de criterios.

Comas justificó su posición en que "lo único que no tienen es la estabilidad, pero en el Indec no se ha echado a gente". Respecto de los 13 desplazados a fines del año pasado por oponerse a la conducción del Indec, dijo que "todos fueron recontratados o trasladados al Ministerio de Economía". Sin embargo, hay al menos un caso de alguien que se considera despedido. Emilio Platzer, ex coordinador informático del Indice de Precios al Consumidor (IPC), se quedó sin trabajo el 31 de diciembre pasado, luego de 13 años de ser empleado del Indec. Platzer, a quien Edwin decidió no renovarle el contrato, fue uno de los denunciantes de la manipulación de las estadísticas ante la Justicia.