La cruzada de la jueza electoral María Romilda Servini de Cubría -la misma que en su momento quiso censurar al legendario Tato Bores- contra ciudadanos que se negaron a presidir mesas en las últimas elecciones presidenciales, sigue adelante, y a un costo de cientos de miles de pesos en horas hombre.

Ahora, tomó medidas 'drásticas' para terminar con el ausentismo de las autoridades de mesa: acaba de procesar a 20 personas que habían sido designadas para trabajar en las últimas elecciones presidenciales y no se presentaron.

Muchos de quienes no lo hicieron estaban enfermos, pero hacer el trámite exigido ante un hospital público es un calvario que puede demorar todo el día. Más tiempo perdido para quienes trabajar decentemente.

En el país que amnistió por igual a asesinos de la dictadura y de la guerrilla, ahora la Justicia parece preocupado por perseguir a gente de bien. ¿Será una sugerencia desde lo más alto del poder?

Ellos y los otros 716 investigados en estas causas podrían recibir severas condenas, consigna La Nación.

Aplicar severas condenas a ciudadanos que pretenden ejercer su derecho a la libertad merecería al menos un debate sobre si no llegó la hora de cambiar el sistema de elección a dedo de las autoridades electorales -hay gente que fue citada entre tres comicios consecutivos- y abrir un registro de voluntarios pagos para cumplir ese rol, entre tanto desocupado que existe en el país.

El Código Nacional Electoral prevé una pena de prisión de seis meses a dos años para quienes no justifiquen su inasistencia. Hasta ahora, Servini jamás la aplicó en la ciudad de Buenos Aires y casi no hay antecedente de condenas en el país, pero esta vez podría ser diferente.

Así, padres de familia, ciudadanos que trabajan día a día y pagan sus impuestos, pueden terminar en la cárcel, mientras los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra.

Argentina típica.