El estrecho vínculo entre las empresas de la salud y el financiamiento de la campaña que llevó a Cristina Kirchner al poder quedó bajo sospecha tras el triple crimen de General Rodríguez. Sin embargo, la relación es antigua: el sector donó fondos en 2003, 2005 y 2007 y se convirtió en el principal aportante del kirchnerismo.

En este sentido, el Gobierno admitió que controlar a las empresas que aportaron a las campañas electorales del kirchnerismo "es difícil", aunque defendió la tarea que realiza en ese sentido.

Lo hizo a través de la ministra de Salud, Graciela Ocaña, luego de que LA NACION diera cuenta de que las empresas del área fueron las principales aportantes de las campañas electorales del kirchnerismo.

La ministra negó que la definición de sanciones a las compañías del sector en situación irregular esté sujeta a presiones políticas. "Yo miro el listado de empresas proveedoras y tomo acciones sin ningún tipo de limitación", afirmó en declaraciones a Radio Continental.

En este contexto, Ocaña se refirió, en particular, a Seacamp S.A., la empresa de Sebastián Forza, uno de los tres empresarios que el 13 de este mes aparecieron acribillados en un zanjón de General Rodríguez, que según se supo después del crimen había aportado $ 200.000 a la campaña de Cristina Kirchner.

"Yo le di de baja a Seacamp, que era proveedora del PAMI", aseguró la ministra. Enseguida, añadió: "Nadie me llamó para decirme que no sancionara a esa empresa porque puso en la campaña".

Fue en este punto que, pese a la férrea defensa de su tarea en este rubro, reconoció que "es muy difícil controlar" a quienes hacen aportes financieros a las campañas electorales.