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18 de abril de 2024
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El exceso de regulaciones en la salud puede quebrar el sistema
Las prepagas sostienen que las cuotas que cobran responden a los costos. Hospitales de comunidad y entidades sin fines de lucro dicen que la ley no debería incluirlos
31 de agosto de 2008
Mientras el Senado se apresta a tratar el proyecto de regulación de la medicina prepaga, desde las entidades que agrupan a las empresas del sector advirtieron que los controles que se pretenden imponer pueden hacer quebrar un sistema que brinda servicios de salud a más de tres millones de personas, en lugar de preocuparse por los 16 millones que carecen de cobertura sanitaria.

Los prestadores y financiadores cuestionan el proyectado control de precios y la anulación de limitaciones para la admisión de afiliados, ya sea por razones de edad o de enfermedades preexistentes, así como la supresión de períodos de carencia.

En este sentido se manifestaron Jorge Aufiero, presidente de la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales (Cimara) y Pablo Giordano, titular de la Asociación de Entidades Médicas Privadas (Ademp), quienes coincidieron en que en el proyecto no se garantizan varios puntos que en el sector se consideran básicos para dar sustentabilidad al sistema.

Para Eduardo Javkin, titular de la Asociación de Clínicas, “la medicina prepaga actúa como un seguro. Y nadie pretende que una compañía de seguros acepte autos chocados".

Además, con respecto a la eliminación de los períodos de carencia y las enfermedades preexistentes, Javkin consideró que “con ese criterio la gente se podría afiliar el día que está enferma”, y olvidar así las bases solidarias del sistema de medicina prepaga en el país.

Por su parte, Marcelo Mastrángelo, presidente de la Asociación Civil de Actividades Medicas Integradas (ACAMI), admitió que “la sociedad tiene el derecho constitucional de acceder a una mejor cobertura en salud. Pero sólo una mínima parte de la población que ha optado por tener una cobertura médica privada se beneficiaría con esta ley. Beneficios aparentes, que mal legislados, se pueden convertir fácilmente en el fin del sistema, al menos tal como se lo conoce hasta hoy”.

“En realidad, el control de precios es una mala noticia, ya que pondrá en riesgo al sector de la salud que mejor funciona en nuestro país y esto se comprobará en el corto plazo”, alertó Mastrángelo.

Respecto de la obligación de cubrir a todos los pacientes sin restricciones de edad o de enfermedades preexistentes, Mastrángelo afirmó que estas exigencias vulneran el necesario equilibrio en el sistema.

“Suprimir el derecho de admisión significa no entender el sistema, basado en un fondo solidario, en el que todos aportan para cubrir a los que necesitan atención, al igual que en cualquier seguro”, graficó.

Mastrángelo precisó que “en la actualidad se destina más del 80% de la recaudación a solventar las prestaciones para quienes lo precisan, que son aproximadamente el 25% de nuestros asociados”.

Este equilibrio debe resguardarse responsablemente para garantizarle a la totalidad la capacidad de mantener el valor de la cuota y que sus demandas de atención sean cubiertas.

“Las nuevas propuestas son contradictorias, ya que a quien mejor haga las cosas, peor le va a ir. Si por ejemplo alguien tiene muy buena atención oncológica, todos los enfermos oncológicos se asociarían. Estaría muy bien que así sea, la pregunta es como sustentarlo económicamente”, señaló el titular de ACAMI.

Respecto de los efectos que las medidas tendrán sobre las entidades que integran ACAMI, Mastrángelo aclaró que la asociación está constituida por instituciones sin fines de lucro, que cuentan con leyes, regulaciones y organismos de aplicación y control.

“Muchas de estas entidades son de enorme prestigio por su trayectoria, incluso algunas con mas de 150 años de existencia y reconocidas por la calidad de su atención médica. Pero no somos empresas ni empresarios y nuestros objetivos sociales son muy disímiles al concepto de negocio” aclaró Mastrángelo, que se desempeña como director de Relaciones Institucionales del Hospital Alemán.

El titular de ACAMI consideró necesaria la existencia de una ley que regule la actividad del sector, pero discrepó en sus alcances. “Si los aumentos van a estar regulados es imprescindible la representación del sector en la Comisión Permanente junto a los Ministerios de Economía y Salud”.

“Si se pierde el derecho de admisión –agregó- debiera reglamentarse de forma tal que un nuevo sistema irrestricto contemple que debe satisfacer un modelo económico sustentable en el tiempo. Caso contrario o se acaba el sistema, o pasará a estatizarse iniciándose un nuevo escenario para los actuales beneficiarios de este modelo de cobertura médica”.