Aerolíneas se convirtió en una aspiradora de fondos estatales.

Tras la sanción de la ley de reestatización de Aerolíneas Argentinas, el Gobierno confía en cerrar un acuerdo con los españoles dueños de la empresa y dejar de lado, así, la posibilidad de una expropiación.

El Estado seguirá desembolsando dinero para mantener la compañía en funcionamiento: en septiembre, los desembolsos sumarán $ 92 millones, con lo que el aporte del Fisco ya superará los $ 400 millones.

El Ejecutivo dictará el decreto que homologa la ley sancionada el miércoles por el Senado. En tanto, la Auditoría General y la Sindicatura de la Nación siguen trabajando en los balances de la empresa. Ya tienen "casi terminado" el de 2007 y luego se abocarán al de 2008.

Más allá de esos pasos formales, en el debate en el Congreso se planteó un modelo con semejanzas a una expropiación, en el que el Estado fija el precio por las acciones en forma unilateral. Sin embargo, para el Ejecutivo la ley sancionada tiene otra lectura. "La norma convalida nuestro planteo de que las acciones deben ser compradas por la vía del acuerdo. Y eso fue votado por una enorme mayoría de legisladores --señalan los funcionarios a cargo del tema--. Sólo se modificó en parte la forma en que se valúen esas acciones".

Es que el Gobierno firmó con Marsans un acta en la que se estipula que el Tribunal de Tasación hará su valuación de Aerolíneas y una consultora privada (Credit Suisse) hará otra por los empresarios. Y que las partes acordarían sobre esas bases cuánto pagará el Estado a Marsans por Aerolíneas. Sin acuerdo, se recurriría a un tercero, que daría un fallo inapelable.

En la ley sancionada, en cambio, se dice que el valor de las acciones lo fijará el Tribunal de Tasación. "Pero este organismo está trabajando muy profesionalmente --dicen los funcionarios--. Y el Credit Suisse tampoco va a jugar su prestigio haciendo cualquier valuación. Así que los precios serán similares y podremos llegar a un acuerdo".