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Propio Gobierno le pone límites a un juez que lo investiga
No podrá seguir interviniendo en causas como la denuncia por manipulación del INDEC o el pago de sobreprecios por la reconstrucción de vagones
7 de noviembre de 2008
El procurador general de la Nación, Esteban Righi, acotó las facultades de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), organismo creado por ley para investigar los delitos de los funcionarios públicos nacionales.

Dirigida por Manuel Garrido desde hace cinco años, esta fiscalía impulsó el avance de muchos de los expedientes por presuntos casos de corrupción de la era kirchnerista. Las presuntas coimas de Skanska, el escándalo de la bolsa con dinero encontrada en el despacho de Felisa Miceli, la manipulación de los índices del Indec y el supuesto enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner son algunos de esos casos.

La resolución de Righi hace una interpretación estricta del concepto de "intervención necesaria" que la ley del Ministerio Público le confiere a la FIA y recorta las atribuciones del fiscal de investigaciones administrativas, que ya no tendrá intervención directa en causas que no se hayan iniciado por su denuncia. Además, en las que sí hubieran comenzado por su iniciativa (son la minoría) sólo podrá asumir la acción penal cuando el fiscal del caso resuelva no seguir adelante.

"Esta resolución vacía de contenido las facultades de la Fiscalía ?dijo ayer Garrido?. Cuando yo era jefe de la Oficina Anticorrupción y me presentaba como querellante en las causas judiciales, me decían que estaba usurpando funciones de la FIA y ahora, cinco años después, vengo a descubrir que tampoco la FIA tiene esa función."

Una fuente del Ministerio Público explicó anoche a LA NACION que el objetivo de la resolución no fue recortar facultades, sino ordenar la intervención de la FIA para que no choque con la del fiscal del caso. Fueron habituales los roces entre estos fiscales y Garrido, añadió.

De hecho, esta resolución de Righi se originó en el enfrentamiento entre el titular de la FIA y el fiscal de la Cámara Federal porteña, Germán Moldes.

En contra de la opinión de éste, Garrido había pedido una medida cautelar en el expediente que se investigan las presuntas irregularidades en la concesión de los principales aeropuertos del país a la compañía Aeropuertos Argentina 2000. Pedía que no se firmara el nuevo contrato, que prorrogó la concesión.

"La noción de intervención necesaria del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas nunca puede desencadenar el desmembramiento del órgano acusador. Una participación descoordinada y -eventualmente- contradictoria de dos de sus magistrados en la misma causa no se concilia con los principios de unidad y coherencia de actuación que deben regir la actividad del Ministerio Público Fiscal."

Y añadió: "En lugar de exteriorizarse en el expediente judicial, los desacuerdos entre el fiscal a cargo de la acción y el titular de la FIA deben superarse en el seno del Ministerio Fiscal, cuyos representantes deben concertar una estrategia procesal unificada".

Garrido, de 44 años, tiene una larga carrera judicial y se especializó en la investigación de irregularidades en el Estado. Fue director de investigaciones de la Oficina Anticorrupción (OA) cuando se fundó, en 2000, y asumió la jefatura del organismo en enero de 2003. Ya con Néstor Kirchner en el Gobierno, pasó de la OA a la Fiscalía, tras ganar el concurso para el cargo, vacante desde hacía dos años.

En sus cinco años en funciones, presentó una denuncia contra el secretario de Medios, Enrique Albistur, pidió ampliar una causa que involucraba al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y reclamó que se investigara a la ex ministra Felisa Miceli por la bolsa de dinero hallada en el baño de su despacho.

Denunció por hechos de corrupción a un centenar de funcionarios, y no sólo kirchneristas. También de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Ninguno fue condenado.

Se animó incluso con el propio Kirchner, sobre quien dijo que "debería dar explicaciones" sobre el crecimiento de su patrimonio. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, tampoco escaparon a sus denuncias.