La Corte Suprema de Justicia parece entender lo que los tribunales de Casación de la Argentina no comprenden.

El máximo tribinal revocó un fallo de la sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal que ordenaba la libertad progresiva de todos los menores de 16 años detenidos o internados en institutos porteños por estar implicados en causas penales y decretaba la inconstitucionalidad de la ley 22.278.

La Corte, que ya había suspendido esa resolución en marzo de este año, aclaró que su decisión "en nada impide" que los jueces de menores dicten las decisiones que en el caso concreto sean requeridas para atender los derechos y libertades de los imputados.

Además, en un apartado clave, instó al Poder Legislativo a adecuar la normativa sobre los menores.

Para el diputado Emilio García Méndez, que había iniciado la causa desde la Fundación Sur, el fallo de la Corte es "aberrante porque avala un decreto de la dictadura militar".

Y agregó: "Se dio una unión entre los sectores pseudoprogresistas y los sectores mas reaccionarios".

Además, dijo que van a apelar ante la Corte Interamericana.

La causa se había iniciado con un habeas corpus, que fue rechazado en primera y segunda instancia.

El 11 de diciembre de 2007, la Cámara de Casación decretó la inconstitucionalidad de la ley 22.278 y ordenó la liberación de los menores que estaban en el instituto San Martín, aunque luego la Corte suspendió los efectos de esa resolución.