Se cumplen hoy siete años desde la puesta en marcha, por parte del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, de las medidas que luego se conocerían como "corralito financiero", esquema que en pocas semanas iba a generar una fuerte protesta popular y acabaría con el gobierno de la Alianza, que encabezaba el presidente Fernando De la Rúa.

El lunes 3 de diciembre comenzaron a regir el decreto 1570/01 y el comunicado 42.059 del Banco Central, emitidos 48 horas antes, tras el agudo proceso de fuga de capitales que redujo las reservas monetarias internacionales a 19.600 millones de dólares.

En un intento por frenar la corrida, el BCRA estableció "un nuevo marco para el desenvolvimiento de las entidades financieras, a fin de consolidar su posición y posibilitar el normal desarrollo de las actividades económicas".

Las restricciones se anunciaban con un carácter "transitorio" y de expansión de la bancarización, ya que su validez se imaginaba por un lapso no superior a tres meses, hasta la finalización de la fase externa del canje de deuda pública que se hallaba en curso.

El proceso había comenzado en noviembre, y a mediados de ese mes Cavallo fracasó en sus gestiones para obtener el respaldo del Fondo Monetario Internacional.

Según establecía la circular del Central, "las extracciones de fondos en efectivo podrán efectuarse por importes que en cada semana no superen 250 pesos o dólares, por titular o por titulares que actúen en forma conjunta o indistinta de la totalidad de las cuentas en cada entidad".

Se permitía además, para posibilitar el uso pleno de los fondos depositados en las entidades financieras, "efectuar transferencias electrónicas en forma gratuita hacia otras cuentas en la misma u otras entidades y a favor de igual titular o de otras personas, a través de las redes de cajeros automáticos y otros mecanismos alternativos que se establezcan".