Parece un buen punto de partida para contar con mejores armas para combatir el delito, pero habrá que ver si hay recursos humanos y materiales para concretarlo.

Los jueces de la Provincia tendrán límites para conceder el beneficio de la pulsera electrónica para los procesados por delitos graves: la Legislatura bonaerense aprobó una reforma al Código Procesal Penal que restringe esta medida a mujeres embarazadas o con hijos menores de cinco años, imputados mayores de 70 años y enfermos terminales.

La morigeración de la prisión preventiva será ahora sólo una excepción. Además, se busca que los juicios orales se hagan más rápido y, para algunos casos, habrá tribunales integrados por un sólo juez.

Según el proyecto oficial, la iniciativa busca "dar respuesta a una demanda creciente de la sociedad". Y también pretende "terminar con la arbitrariedad de los magistrados para autorizar medidas alternativas a la prisión", explicaron en el gobierno de Daniel Scioli. La nueva ley, que modifica 50 puntos del Código, entrará en vigencia después de la publicación en el Boletín Oficial (en 10 días).

Ahora, los jueces deberán contemplar "parámetros objetivos" antes de conceder una morigeración de pena como arresto domiciliario (con o sin pulsera electrónica), salidas laborales o la obligación de fijar domicilio y asistir a una comisaría una vez por semana.

La intervención de presos liberados en episodios delictivos puso bajo la lupa al sistema de control electrónico. El caso de mayor impacto fue el que terminó con la masacre de Campana (ver Los crímenes...). Entonces, la Provincia decidió revisar el mecanismo.

La modificación también habilita la composición de tribunales unipersonales para los casos con delitos que cuya pena máxima es quince años de prisión (violaciones, robos a mano armada, por ejemplo). Hasta ahora, esos casos eran resueltos por tribunales de tres jueces. Habrá excepciones: las causas que involucren a funcionarios públicos y cuando los fiscales se opongan.

"Actualmente hay tres jueces con cada causa. Lo que se propone es que sean tres jueces atendiendo tres causas", graficó el ministro de Justicia, Ricardo Casal.

Además, los tribunales no podrán demorar más de seis meses en fijar fecha para los juicios (de lo contrario, perderán la causa). Y en el debate, las víctimas tendrán iguales facultades que el fiscal.

Otras modificaciones para acelerar los procesos son la notificación electrónica (vía e-mail) de resoluciones judiciales y la supresión de los correos policiales. Hoy hay 1.000 agentes de la Bonaerense que hacen ese trabajo.

"Tenemos que terminar con esto de que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra. El que las hace las paga en la Provincia", argumentó Scioli.

No obstante, la propuesta tuvo cuestionamientos de la oposición. En la Cámara de Diputados, los bloques opositores manifestaron su desacuerdo. Mientras el proyecto recorría los pasillos legislativos hubo también presiones de organismos de derechos humanos.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) considera que la aplicación de estas limitaciones a la liberación de procesados "agravará la situación en las cárceles". Ayer señaló: "Además de la palmaria inconstitucionalidad de la ley aprobada, asombra la despreocupación y la irresponsabilidad con la que se legisla. Los promotores de esta iniciativa han menospreciado el impacto que tendrá la ley en la profundización de una situación de violaciones sistemáticas de derechos humanos en cárceles y comisarías".

"Esta es una de las hipótesis, pero para eso hemos contemplado un plan de obras y de construcción de nuevas unidades", respondió a Clarín el ministro Casal.

El funcionario aseguró que en los próximos días se habilitara otra cárcel en Junín, con 500 plazas. Comenzaron obras para ampliar 16 pabellones en unidades penitenciarias (800 lugares más) y comenzaron tareas para recuperar 1.250 celdas de prisiones que tienen deficiencias edilicias.

La de ayer es la tercera reforma al Código que busca acelerar la tramitación en la Justicia. A principios de año, hubo retoques en el reglamento que rige el Tribunal de Casación para que sólo lleguen a esa instancia los casos penales. Y se enviaron 4.500 expedientes que permanecían demorados, a las cámaras de cada jurisdicción.