Corte Suprema reclamó agilizar causas de derechos humanos - Asteriscos.Tv
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29 de marzo de 2024
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Corte Suprema reclamó agilizar causas de derechos humanos
Amplió una secretaría para monitorear los expedientes y pedir informes a los jueces. Además, resaltó la lentitud de los procedimientos y reclamó una reforma legislativa
29 de diciembre de 2008
La Corte Suprema dictó hoy una acordada para agilizar las causas por violaciones a los derechos humanos. Puntualmente, amplió una secretaría de superintendencia que funciona dentro del máximo tribunal para monitorear los expedientes y pedir informes a los jueces.

Asimismo, en un informe que acompaña a la acordada, la Corte pone de resalto la lentitud de los procedimientos, aunque no culpa a los jueces, sino a las leyes que establecen un procedimiento antigüo, que según el máximo tribunal, debería ser reformado.

Por último, la Corte le pidió al Consejo de la Magistratura que cree nuevos tribunales y nuevas salas de audiencias.

La decisión de la Corte, adelantada la semana pasada a lanacion.com por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se tomó luego de la polémica provocada tras el fallo de la Cámara de Casación que ordenó la libertad de varios represores por la demora en la sustanciación de los casos que los involucran.

"Los tres poderes tienen una política muy clara en favor de castigar las violaciones a los derechos humanos y la justicia rápida es una política de Estado. Pero como hay problema en la rapidez de los juicios, tenemos que dialogar para que los tres poderes tomemos medidas para organizarlos mejor. Estamos preparando una acordada", había asegurado Lorenzetti en la entrevista.

El polémico fallo de Casación, que será revisado por la Corte, generó reacciones tanto en el Gobierno como entre los jueces. La Casa Rosada anunció que impulsará el juicio político contra ocho jueces, entre ellos Guillermo Yacobucci y Luis García, los dos camaristas que fallaron en favor de la liberación de Astiz y Acosta.

Carlos Fayt, por su parte, responsabilizó al Congreso por la falta de leyes que permitan agilizar el trámite de las causas por delitos cometidos durante la última dictadura o evitar demoras como las que derivaron en la resolución que benefició a los represores.