La presidenta Cristina Kirchner prometió enviar al Congreso un proyecto de ley para "lograr instrumentos nuevos que nos permitan intervenir adecuadamente en la economía".

Fuentes oficiales confiaron al diario Clarín que se presentará a la Mesa de Enlace un plan para crear un ente mixto con capacidad para comprar y vender granos. Ya sin la pompa de la "nacionalización", se lo denominaría Agencia de Comercialización.

La falta de precisiones sobre el asunto en el discurso presidencial, paradojalmente, se convirtió ayer en una buena noticia para los dirigentes de la cadena agroindustrial. Es que fuentes del Gobierno se habían encargado de difundir ciertos planes del Gobierno para tomar el control de la comercialización de la cosecha, valuada este año en unos US$ 20.000 millones. Esto había provocado una fuerte reacción de 28 cámaras de la cadena agrícola, incluidas las cuatro gremiales agropecuarias. Habían alzado la voz contra un posible sistema "estatal y monopólico".

Aunque todavía no tiene invitación formal, la Mesa de Enlace concurrirá mañana a la sede del Ministerio de la Producción, para mantener una nueva ronda de negociación con la titular de esa cartera, Débora Giorgi; su par de Interior, Florencio Randazzo; y el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi. Allí --según desliza ahora el oficialismo--, se informará sobre la iniciativa: ya sin el tenor de antes, apunta a la creación de un ente en el que el Estado participará con 51%, quedando otro 49% para las entidades de productores.

Esa firma, una suerte de empresa testigo, podrá actuar en el mercado como un operador más, para comprar y vender granos en la medida que quiera hacer subir o bajar los precios. Así, podría determinar una suerte de "precio sostén" para el chacarero, algo que reclaman algunos sectores del campo, como la Federación Agraria. En el Gobierno esperan poder así poner coto a los abusos de las grandes cerealeras que dominan el negocio, y que se expresa claramente en el mercado del trigo, donde se pagan al productor unos 50 dólares menos por tonelada de lo que correspondería.

Quien lleva la batuta del proyecto es Ricardo Echegaray, ex jefe de la ONCCA y actual titular de la AFIP. Giorgi participa a medias y Cheppi está prácticamente al margen del diseño del nuevo organismo, una reedición de la Junta Nacional de Granos que fuera liquidada en los noventa. Se especula que esta Agencia tomará el lugar de la ONCCA. De allí que la discusión deba sí o sí pasar por el Congreso: ese organismo todavía no dispone de una ley que defina claramente su estructura y competencias.

"Cuando veamos la letra chica, sabremos de qué se trata", afirmó ayer Mario Llambías, el presidente de CRA. En el resto de las entidades rurales se mantienen vivos los recelos respecto de la iniciativa, ya que algunos sospechan que se trataría de un elemento para poner una cuña y dividir a la Mesa de Enlace. También se especulaba con que el Gobierno echó a rodar la versión para forzar a los productores a desprenderse de un remanente de soja, calculado por la Bolsa de Rosario en 5,5 millones de toneladas y valorado en unos U$S 1.900 millones.