El ministro de Planificación, Julio De Vido, manejará, junto con los ministros del Interior, Florencio Randazzo, y de Economía, Carlos Fernández, la distribución de los ingresos que el Estado percibe por las retenciones a la exportación de soja.

Según un decreto que se publicó ayer en el Boletín Oficial, el ministro de Planificación, una de las figuras más resistidas por la dirigencia agraria, quedó a cargo junto con sus pares de la unidad ejecutora del Fondo Federal Solidario, informó el diario La Nación.

El Fondo Federal Solidario fue creado hace dos semanas en medio de la creciente presión del campo para reducir las retenciones.

La decisión de la presidenta Cristina Kirchner despertó fuertes críticas en la oposición, que la interpretó como una forma de presión a los gobernadores con la entrega de fondos frescos, y en el agro, que planteó que el reparto del dinero no atiende al principal reclamo del sector: la rebaja y segmentación de las retenciones.

De hecho, pocas horas después del anuncio en Olivos la Comisión de Enlace rural inició el séptimo paro contra el Gobierno. La medida de fuerza, que incluyó cortes de ruta y concentraciones en distintos puntos del país, terminó el viernes último.

Ese programa, anunciado por el Gobierno el 19 de este mes, prevé que el 30% de lo recaudado en materia de retenciones a la soja será transferido a las provincias, que a su vez deberán repartirlo, repitiendo el esquema que se sigue en la distribución actual de fondos de la coparticipación.

Para poder recibir el dinero. Básicamente, que los recursos se destinen a infraestructura social, escuelas, viviendas, agua potable y cloacas y no a financiar gastos corrientes, señala el decreto.

Justamente, un desvío de esas características es uno de los "incumplimientos" citados por el decreto y alcanzaría para que la unidad ejecutora suspenda las transferencias a la provincia infractora. También será motivo de suspensión la incorrecta remisión de fondos a los municipios.

El organismo encargado de auditar el funcionamiento del Fondo será la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que hará evaluaciones al menos una vez al año.