Tras muchas idas y vueltas, el Gobierno parece decidido a solucionar un problema que le está generando dolores de cabeza a cientos de miles de contribuyentes.

Impulsará en el Congreso un proyecto de modificación del régimen del monotributo. El objetivo es doble: elevar los montos de facturación máxima permitida para estar en el régimen (adecuando a la vez las distintas categorías), e incrementar de manera significativa los aportes que pagan los inscriptos por el componente impositivo del sistema.

La iniciativa sería enviada al Poder Legislativo en los días siguientes a Semana Santa, por el jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Etchegaray, confiaron fuentes oficiales a LA NACION.

Según el borrador del proyecto, los importes que hoy abonan los contribuyentes en reemplazo de IVA y Ganancias pasarían de una escala actual, que va de 33 a 505 pesos, a un esquema en el que el pago mínimo sería de 60 pesos y el máximo, de 2700.

El director general de Recursos de la Seguridad Social, Iván Budassi, anticipó algunos datos anteayer, en una charla ofrecida en un seminario organizado por Infobae.com.

Allí explicó que el nivel de ingresos brutos para ser monotributista se elevará de $ 72.000 a 200.000 en el caso de los profesionales y prestadores de servicios, y de $ 144.000 a 300.000 en las otras actividades, como el comercio.

Y también afirmó que se busca simplificar el procedimiento previsto para que la AFIP excluya a los contribuyentes que -según entienda el organismo- se excedan en un momento determinado de los límites fijados para estar en el esquema.

"El sistema tiene que ser simple, pero no barato", es la consigna que, según los funcionarios, guía los cambios proyectados.

En ese sentido, las modificaciones buscan que los aportes al fisco de los monotributistas de ingresos más altos no se alejen de las obligaciones que tienen por el pago de IVA y Ganancias los contribuyentes que están inscriptos en el régimen tradicional de autónomos.

La actualización de los niveles de facturación permitidos es un reclamo de contadores y de los propios monotributistas, y fue expresado en forma recurrente en los últimos años porque los valores fueron quedando desfasados frente a la inflación.

En lo que se refiere a los nuevos valores, tanto de la facturación como de los aportes de cada escala, el proyecto sería similar al que se había dejado trascender desde el Gobierno en los últimos meses de 2008.

En el primer escalón se ubicarían quienes facturen hasta $ 35.000 anuales -en lugar del monto actual de $ 12.000-, que harían un pago impositivo mensual de $ 60, aunque el valor subiría a $ 90 para los profesionales.

El proyecto profundizaría las diferencias según la actividad declarada, que ya tiene el actual esquema. Así, por los rubros de servicios se pagaría siempre más que por los comerciales. Otra categoría, por ejemplo, incluiría a quienes tienen ingresos brutos de hasta $ 75.000, y en este caso se pagarían $ 90 o 150, según la actividad declarada.

Según el texto en preparación, esos montos se irían ajustando periódicamente según los aumentos del salario mínimo, vital y móvil. De igual manera se iría incrementando el aporte previsional.

Los importes mencionados no incluyen los aportes a la seguridad social: el jubilatorio, actualmente de $ 35 mensuales, y el de la obra social, de $ 46,75 por afiliado titular (esta última cifra se actualiza según disposiciones especiales, por lo que no seguirá el alza del salario mínimo). El proyecto elaborado en 2008 preveía que, a mayor facturación, se abonara más para la jubilación futura.

Según el nuevo texto, esa discriminación no se establecería y el esquema actual no sufriría cambios pese a que provoca una fuerte distorsión en el sistema jubilatorio.

El texto que finalmente se impulsará busca fijar además un período transitorio para permitir el regreso al monotributo de quienes en los últimos años hayan quedado afuera por su facturación (la ley actual no permite ese regreso hasta por lo menos tres años después) y un esquema de sanciones más ágiles para permitirle a la AFIP excluir del sistema a un contribuyente "cuando una determinada operación indique que esa persona no puede estar en el régimen", según las fuentes.