26 de abril de 2024
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Francia pedirá que se anule el embargo a las cuentas
El gobierno de Nicolas Sarkozy considera que la medida solicitada por un fondo de inversión es violatoria de tratados internacionales y de su propia soberanía jurídica
8 de abril de 2009
Un balde de agua fría cayó el lunes por la noche sobre los diplomáticos del Departamento América Latina de la cancillería francesa cuando el embajador argentino en Francia, Luis Ureta Sáenz Peña, les informó verbalmente que todas las cuentas bancarias de su representación diplomática habían sido embargadas por alguaciles a pedido de la justicia de Estados Unidos, sin intervención ni mandato de la justicia francesa, informó el diario La Nación.
Ese procedimiento, que probablemente nunca se haya producido antes en Francia, no sólo terminó colocando a la embajada argentina en una situación financiera dramática, sino que provocó auténtica irritación en el gobierno francés, según reconocieron fuentes oficiales francesas a La Nacion en París.
Para ejecutar una decisión de justicia en Francia a pedido de un juez extranjero es necesario pasar antes por un juez francés. Eso es lo que aparentemente no sucedió. Por esa razón, una vez terminado el análisis exhaustivo de ese episodio fuera de lo común, el Ministerio de Relaciones Exteriores francés hará seguramente intervenir a la justicia, agregaron las fuentes.
A diferencia de lo que sucede en la Argentina, los oficiales de justicia o alguaciles en Francia no dependen de la justicia. Se trata de profesionales juramentados, pero que actúan a pedido de personas o entidades privadas y no en nombre ni cumpliendo un mandato de los jueces.
El viernes por la tarde, un grupo de alguaciles (u oficiales de justicia) se presentó a la sucursal parisina del Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y solicitó el embargo de todas las cuentas de la representación argentina en Francia.
El pedido fue acatado sin haberse solicitado previamente una orden de un juez francés y sin avisar tampoco a la delegación argentina. "El banco nos llamó una vez que el procedimiento había terminado", reconoció indignado el embajador Ureta Sáenz Peña a La Nacion.
El trámite, denominado en francés procès verbal de saisie conservatoire de créance (acta de embargo cautelar por deuda), consiguió congelar "todas las cuentas oficiales y aledañas" del Estado argentino en Francia. Entre ellas, las cuentas para el funcionamiento de la embajada, del consulado, de la delegación cultural en la Unesco, de la Casa Argentina en la Ciudad Universitaria de París y una cuenta especial destinada a pagar la actual remodelación de los locales de la delegación diplomática. En total, cerca de un millón de euros.
"Esas cuentas contienen, por ejemplo, los sueldos de los empleados locales de la representación", precisó un colaborador de Ureta Sáenz Peña. "La situación es dramática. Esta mañana el embajador tuvo que pagar de su bolsillo ocho bombitas de luz que se habían quemado", confesó.
Los oficiales de justicia actuaron en nombre de un grupo de tenedores de bonos reunidos en el fondo de inversión NML Capital Ltd., domiciliado en la islas Caimán. Son inversores privados que quedaron fuera del canje de la deuda (holdouts) y que reclaman el pago de compromisos pendientes por 29.000 millones de dólares.
Los expertos jurídicos de la cancillería francesa estudiaron durante toda la jornada de ayer la legalidad del procedimiento. El congelamiento sería inválido por no haber respetado dos convenciones internacionales que establecen la intangibilidad de las cuentas bancarias de embajadas y Estados en el extranjero: la de Viena y la de las Naciones Unidas sobre inmunidad jurisdiccional de los Estados, de 2004. De los dos tratados, ese texto es el que afirma en forma más categórica que las cuentas bancarias de los Estados no son embargables, explicaron fuentes diplomáticas francesas.
Ese principio jurídico es aplicado invariablemente por la justicia francesa, que siempre rechazó las solicitudes de embargo de bienes oficiales extranjeros en su territorio. De allí la irritación y la determinación de la cancillería de hacer intervenir a la justicia ante un procedimiento que sus expertos consideran violatorio de los convenios internacionales y de su propia soberanía judicial.