El fiscal Enrique Lazzari, agredido por los vecinos de Valentín Alsina tras el crimen de Daniel Capristo, tiene una mirada muy dura del tema menores y delito. Hay allí una notable paradoja: fue golpeado un fiscal que milita en la corriente que es partidaria de aumentar las penas a los chicos en situación delictiva (un hombre que, para colmo, vive en la zona del crimen).

Claro, nadie lo sabía, ni hubo margen para preguntarle. Dio la cara y se ligó la represalia de los irritados vecinos de Capristo.

Es que su presencia canalizó la bronca de la gente: Lazzari representaba en ese instante al Estado, a la Ley, que no da respuesta al ciudadano frente a la inseguridad.

La golpiza que sufrió, junto a la que le propinaron al secretario de seguridad de Lanús, habla de la pérdida de confianza ciudadana en la resolución institucional del problema de la inseguridad. La gente parece decir: no confiamos más en ustedes, ya no confiamos en el Estado. A este punto que bordea el linchamiento se ha llegado.

En la Justicia hay preocupación. Los jueces de Lomas de Zamora se reunieron y tratan de consensuar un reclamo enérgico al poder político, porque se sienten acorralados injustamente por el repudio social.

Además, piensan que la Policía tiende a despegarse del problema culpando a la Justicia. El jefe policial Juan Carlos Paggi se solidarizó con los vecinos y dijo : "Lo único que puede curar la herida que padecen los familiares es la Justicia". Lo señaló como si las fuerzas policiales fueran un actor ajeno al hecho. El mismo operativo despegue hizo el ex presidente Néstor Kirchner por la noche en un acto: "¿Qué puede hacer un gobernador si un menor roba y la Justicia no lo interna?".

Sin embargo, el desborde social encuentra su explicación en la desidia pública. La inseguridad no ha sido un tema de primer orden a nivel legislativo desde los parches introducidos por la ola Blumbergiana (¿qué fue del "ingeniero"?). De hacer mucho, a las apuradas y con demagogia, se ha pasado a negar el tema y a pases de facturas entre poderes. Lo único que se escucha del Gobierno nacional es una justificación ?válida pero insuficiente- basada en la situación de exclusión. Cómo si no fuera el Ejecutivo un responsable central frente a las condiciones sociales en que se vive, o frente a la difusión del paco entre los jóvenes (especialmente de sectores en riesgo). Además, el Ejecutivo ha sido reacio a emprender una democrática deliberación legislativa sobre el tema. Si realmente lo hubieran querido, como afirman ahora, ya hubiera existido una ley penal para menores.

Los penalistas debaten qué hacer con los menores que delinquen. Otra paradoja es que algunos jueces considerados "garantistas" (con un sentido peyorativo) son quienes promueven incluir a los menores en el régimen penal. Eugenio Zaffaroni ha propuesto un sistema penal para los menores de entre 14 y 16 años, con las garantías que rigen para los adultos (aunque con penas menores), con la posibilidad de juicio y eventualmente de condena. Daniel Scioli lo citó y en las últimas horas volvió a la carga con la idea de un Código Penal Juvenil, como respuesta ante el malhumor social. ¿Qué espera para proponerlo en Olivos y en el Congreso?

Sin embargo, lo que Zaffaroni impulsa en realidad es alejar a los menores del actual régimen tutelar que transforma al joven en conflicto con la ley en una pieza del deteriorado sistema correccional, donde muchos de ellos se perfeccionan en el delito, siendo ciudadanos sin garantías y a merced de la decisión solitaria de un juez. Zaffaroni quiere más garantías y no menos, aunque su idea convertiría a los menores hallados culpables ?condena de por medio- en delincuentes. Esa es, aparentemente, parte de la demanda social que expresa el caso Capristo.

En la justicia de Lomas comparten en general pero hacen una diferencia respecto de la iniciativa de Zaffaroni: "No se trata sólo de proteger a los menores de los abusos del sistema ?dice una jueza-, sino también de responsabilizarlos cuando cometen un delito". Un menor como el que mató a Capristo quizás no piensa que su conducta es anti-juridica, pero debe saber que no puede quitar la vida a otra persona como si nada. Crear un proceso legal para hacerlos responsables ?la otra forma de ver la idea- es una tarea, no de los jueces, sino de la política, y en especial del Congreso. "No podemos esperar más", se inquieta la jueza consultada.

Por fin, se deberían clarificar los roles de cada actor público en esta historia. Ni adjudicarle todo a la "sensación de inseguridad" o a la exageración de los medios, ni creer que se soluciona con mano dura y pena de muerte. El Poder Ejecutivo debe trabajar en las condiciones previas a la aparición del delito y en la prevención (salud, educación, empleo, drogas, mejor policía); el Legislativo, en las leyes que mantengan las garantías, pero a la vez hagan responsables a los autores de delitos (incluyendo a los menores); y el Judicial debería poner el máximo esfuerzo en sacar sentencias ajustadas a derecho en un tiempo razonable.